Saber cuántas personas están en lista de espera en España no es tan sencillo como parece. Las estadísticas de cada comunidad autónoma, realizadas en dos momentos muy concretos del año (junio y diciembre), se publican bajo la sospecha de maquillaje por parte de las administraciones regionales, que intentan mejorar sus resultados antes de que se publiquen los datos. Aun con estas estrategias, los números alarman.

A finales de 2025, más de 850.000 españoles esperaban para pasar por quirófano y cuatro millones intentaban conseguir una cita con el médico especialista. Mientras, el último barómetro sanitario del CIS mostraba que el 22,8% de la ciudadanía no había sido capaz de ir a la consulta de su médico de cabecera por falta de citas. Quienes sí lograban llegar al centro de salud, pasaron más de 10 días esperando para por fin ser atendidos.

PUBLICIDAD En este contexto, la ministra de Sanidad, Mónica García, quiere cambiar la forma en la que se mide cuántos pacientes hay en lista de espera. La propuesta de reforma llega este viernes al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), sin esperanzas por parte de la ministra de que salga adelante. “Lamentablemente, no va a salir porque hay intereses políticos y partidistas que no quieren que las listas de espera sean una herramienta de gestión, sino de confrontación política. Pero por nosotros hemos hecho el trabajo, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para poner todas las herramientas al servicio de los pacientes, al servicio de los profesionales y al servicio del sistema”, aseguró durante un encuentro organizado por eldiario.es.

PUBLICIDAD Así maquillan las listas las comunidades autónomas Las listas de espera de los 17 sistemas sanitarios autonómicos se concibieron en 2003 para comparar la atención sanitaria, pero el modo de registrar a los pacientes ha provocado sospechas de maquillaje desde su creación. En al menos dos ocasiones, esto ha llevado a cambios importantes en las estadísticas nacionales de pacientes. La Comunidad de Madrid quedó fuera del cómputo estatal entre 2005 y 2011 porque el Ministerio de Sanidad consideró que su sistema incumplía las reglas comunes: incorporaba al paciente después de las pruebas preoperatorias y de la consulta con el anestesista, con un retraso de entre 20 y 40 días.

PUBLICIDAD Mientras el resto de comunidades empezaba a contar la espera desde que el especialista prescribía la operación, la sanidad madrileña demoraba la inclusión en el registro. El sistema permitía reducir simultáneamente el número de pacientes contabilizados y la demora oficial. El segundo caso en el que las sospechas se tradujeron en un cambio visible de las cifras ocurrió en Andalucía en 2018.

No hubo exclusión de los datos estatales, sino una ruptura de la serie entre junio y diciembre que dibujó una realidad muy distinta. Los pacientes pendientes de una operación pasaron de 65.615 a 143.887, mientras que quienes aguardaban una primera consulta con el especialista aumentaron de 222.962 a 685.523. El nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos acusó al anterior Ejecutivo socialista de haber dejado sin contabilizar a más de medio millón de personas.

PUBLICIDAD Según esa acusación, entre los pacientes no registrados había personas con procedimientos sin plazo garantizado, atendidas en determinados hospitales concertados o pendientes de una cita que todavía no se había asignado. El objetivo, sostenía el nuevo Ejecutivo, era maquillar las listas de espera. El PSOE respondió que se trataba de estadísticas diferentes.

La serie se rompió para incorporar los nuevos datos, una decisión que evidenció hasta qué punto los criterios de registro pueden modificar el diagnóstico sobre las demoras sanitarias. Los casos de Ribera Salud y Ramón y Cajal avivan las sospechas En los últimos años, la atención del Ministerio de Sanidad se ha dirigido de nuevo a la Comunidad de Madrid. Los casos del Hospital de Torrejón y del Ramón y Cajal han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre las listas de espera.

Aunque el Gobierno regional ha negado en todo momento que se manipulen los números, García les ha acusado de “maquillar” y “manipular” las listas de espera. PUBLICIDAD Con la reforma que se presenta este viernes, el objetivo del Gobierno es que el sistema sea capaz de registrar todo el proceso asistencial, desde que un paciente acude a una primera consulta hasta que recibe su tratamiento o pasa por quirófano. “La lista no empieza a contar desde que te dice un cirujano que te tiene que operar; la lista empieza a contar desde que fuiste a atención primaria, todo eso que es profundamente transparente”, expresó García a los medios el pasado 15 de octubre. La titular de Sanidad subrayó que una reforma “tan profundamente democrática y profundamente transparente” como la relativa a las listas de espera “no puede ser un cajón negro”, y criticó que las comunidades autónomas “compitan” por mostrar quién presenta menos demoras.

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