Las infracciones de tránsito suelen convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los conductores, ya sea al momento de renovar la licencia de conducir, cuando exigen saldar las multas pendientes, o al intentar vender un auto con el libre deuda en mano. Sin embargo, muchos desconocen que existen una serie de exigencias legales que deben cumplirse para que una infracción sea válida. Estas condiciones están establecidas tanto en la Constitución Nacional como en la Ley 24.449 y tienen como objetivo garantizar derechos constitucionales básicos.

Cuando alguno de esos requisitos no se respeta, el acta puede ser impugnada. Esto no implica desmerecer la función de los radares de fiscalización ni promover el incumplimiento de las normas. Las reglas de tránsito y los límites de velocidad deben respetarse porque la seguridad vial salva vidas. “El problema no es la cámara de fiscalización, el problema es cuando el radar funciona sin control constitucional”, comentó Diego Daniel Díaz, abogado especialista en el régimen de faltas y multas viales, en diálogo con este medio.

Los motivos por los que se puede impugnar una infracción Como se mencionó previamente, si la infracción de tránsito incumple aunque sea uno de los requisitos que se comentan a continuación, se puede solicitar la nulidad del acta a través de un descargo en el juzgado correspondiente. 1) Falta de notificación fehaciente Es uno de los motivos más frecuentes. Muchas personas se enteran de una multa dos o tres años después de cometida la supuesta infracción, generalmente al momento de renovar la licencia de conducir. “Sin notificación válida no hay debido proceso”, remarcó Díaz. Si el conductor no fue notificado en tiempo y forma, se vulnera el derecho a defensa consagrado en la Constitución Nacional. 2) Radar sin respaldo técnico acreditado Todas las cámaras de fiscalización deben estar homologadas y contar con una calibración vigente.

Esa información puede verificarse en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y debe corresponder a los 12 meses previos a la fecha en la que se registró la infracción, no a la fecha en la que se labró el acta, que suele ser posterior. “Una medición no acreditada no puede transformarse automáticamente en una sanción legítima”, explicó el especialista. 3) Señalización deficiente o inexistente La ley exige que los radares estén debidamente señalizados con antelación. Pero no alcanza sólo con que el cartel exista: si está oculto por vegetación, mal ubicado o si hay una reducción abrupta e injustificada de la velocidad máxima, el acta puede ser cuestionada. “El sistema de tránsito es preventivo, no sorpresivo”, sostuvo Díaz. 4) Falta de competencia territorial Es habitual que algunos municipios labren infracciones en rutas nacionales o provinciales sin contar con los convenios correspondientes. En esos casos, la potestad sancionatoria no se presume: debe acreditarse.

Si la autoridad que sanciona no tiene competencia, la multa pierde validez. 5) Negativa de acceso a la prueba Cuando la autoridad sólo envía una imagen reducida por sistemas online y no permite acceder al expediente completo (incluida la documentación técnica del radar), se afecta directamente el derecho de defensa. “Negar el acceso al expediente vacía de contenido cualquier posibilidad de defensa”, advirtió. 6) Prescripción de la infracción Las multas de tránsito no son eternas. La Ley de Tránsito establece plazos de prescripción que varían según la gravedad de la falta. Si el Estado no notificó dentro de los tiempos legales, su poder sancionatorio se extingue.

En estos casos, las multas podrían ser eliminadas si se comprueba que efectivamente hubo una falla en el sistema. No obstante, expertos remarcan la importancia de cumplir con las normas de tránsito para una buena convivencia vial y que no haya accidentes fatales.