Quien anduvo en la cordillera habrá visto cómo “manchones” de nieve dibujan “caras” a las montañas. El afortunado de ir cada tanto a un paraje que ofrezca esta vista vio que algunas desaparecen, y otras permanecen. Se mueven, aunque se vean siempre en el mismo sitio. Son glaciares. Su movimiento “hacia adentro” erosiona la montaña. Ocurre por gravedad, la carga de la nieve, y el vacío por derretimiento en la parte inferior o dominio periglaciar, que coincide con el límite de la nieve permanente, donde todo lo que en él sucede afecta al glaciar encima. Resulta absurdo, entonces, escindir lo “peri” de lo glaciar. Aún más, decir que algunos de estos no sirvan de función hídrica cuando aguas abajo la dependencia vital de neveros tiene nombre propio: “economía de oasis”, y el calentamiento global se cargó el 42% de los glaciares del NOA. La reforma a la ley se basa en un “horror forzado”: compartimentalizar la dinámica natural de un sistema integrado de complementariedades y transiciones laxas que se expresa en una dimensión ciega a límites provinciales trazados por hombres en escritorios coloniales. La versión original de la ley, que distaba de un manifiesto conservacionista, fue vetada por CFK en el 2008, lo que acercó a la Barrick y alejó del Gobierno a su más conspicuo impulsor. La razón del veto entonces como de la reforma actual es, en parte, una deuda política. Nimia en el primer caso si se la compara con la que este gobierno contrajo con un interior que pagó parte del ajuste con menos coparticipación. Una reforma que debilita presupuestos mínimos que reconocen el alcance nacional y estratégico de los glaciares mientras empodera a provincias en crisis para que por vía de estudios propios determinen lo que no existe con un criterio aún no definido -la inutilidad de un glaciar- equivale a cambiar a un pastor distraído por un lobo famélico. Con lógica “de remate” en ambas acepciones el Gobierno ajusta por el ambiente para atraer capitales sin abordar los desequilibrios de la macro que el RIGI no soluciona, el costo crediticio aún alto en un país que cuando invierte prefiere “los ladrillos a las piedras”. Si vamos a poner en valor nuestros recursos en un mundo ávido, atendiendo a que el arbitrio final recaiga en organismos científicos nacionales y prestigiosos es dable interpelarse por el alcance de los beneficios que justifiquen avances habiendo siete millones de argentinos que dependen de aguas glaciares. La minería factor de crecimiento en algunos países desarrollados tiene un récord ambiental pésimo en la región. Sus efectos económicos, a la cola de actividades en términos de eslabonamientos y desborde, duran lo que el mineral. No así los ambientales. La “restitución territorial” después del cierre, sagrada en Australia y Canadá y financiada por las mismas empresas que varían su performance ambiental según sean locales o visitantes, no existe. En el mejor de los casos hay un pago como contrapartida de una usual subestimación del daño. La valoración de un recurso está históricamente determinada. Minerales hoy codiciados, cuya explotación traería alivio a las provincias, a expensas de un recurso que, bajo una mirada de mayor alcance que considera el avance ineluctable de la transición energética, adquiere una fuerza única de proyección a futuro. No existe la minería sustentable. Sí, la posibilidad de una minería responsable. Hay que dejar tranquilos a los glaciares. La estabilidad y las políticas creíbles logran más que la desesperación por pisotear límites que no se fijaron por capricho. La brecha en la calidad de la actividad entre países está dada por la presencia o no de Estado. Lo que luce en superficie como un conflicto ambiental es social. La reforma dispara relaciones de complementariedad y conflicto entre algunos ganadores y demasiados perdedores. Avanzar, implica no solo que unos superen largamente a los otros, sino atender a la naturaleza de la relación que los perdedores tienen con el ambiente comprometido a fin de compensarlos, lo que en el orden actual sería utópico. *Geógrafo UBA. Magister UNY.