Alberto Samid, conocido popularmente como el “Rey de la carne”, protagonizó esta semana un episodio que puso en evidencia las dificultades que pueden enfrentar los argentinos en el exterior cuando requieren asistencia médica urgente. Tras ser internado en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este por una infección urinaria que derivó en la detección de un virus en sangre, Samid solicitó ayuda para regresar a Buenos Aires y continuar con su tratamiento. El traslado se concretó finalmente este martes mediante un vuelo sanitario gestionado por la Provincia de Buenos Aires.

El empresario, de 78 años, manifestó su descontento con la falta de apoyo recibido por parte del gobierno bonaerense, en particular del gobernador Axel Kicillof y la Secretaría de Turismo provincial. “Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono”, afirmó antes de abordar el avión. Estas declaraciones abren un debate sobre la responsabilidad estatal en la asistencia a ciudadanos argentinos en el exterior, especialmente en casos de urgencia sanitaria.

La gestión del traslado fue confirmada por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien explicó en sus redes sociales que intervino personalmente para facilitar el vuelo sanitario. “Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!”, publicó. Kreplak también destacó que la ayuda se brinda a cualquier ciudadano que la necesite, independientemente de su perfil o situación judicial.

Este episodio se da en un contexto donde los vuelos sanitarios y la repatriación de pacientes argentinos desde el exterior se han convertido en un tema sensible, especialmente tras la pandemia de COVID-19. Según datos oficiales, en 2023 se registraron más de 150 vuelos sanitarios gestionados por distintas provincias para asistir a pacientes en el exterior, con un costo promedio que puede superar los 50.000 dólares por traslado, dependiendo del destino y la complejidad del caso.

Además, la situación judicial de Samid, quien enfrenta causas por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, generó cuestionamientos sobre su capacidad para salir del país. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que no existían impedimentos legales para su viaje, ya que el traslado se realizó bajo estrictas medidas sanitarias y con autorización judicial correspondiente.

Por último, el empresario agradeció la atención médica recibida en Uruguay, aunque insistió en la necesidad de agilizar su traslado para obtener un diagnóstico certero y continuar el tratamiento en Argentina. Este caso pone en relieve la importancia de contar con protocolos claros y eficientes para la asistencia médica internacional, así como la coordinación entre organismos provinciales y nacionales para garantizar la atención oportuna de los ciudadanos en situaciones críticas.

Como reflexión, el politólogo Diego Fernández señaló: “Este episodio evidencia la brecha que existe entre la gestión pública y las necesidades reales de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de salud y urgencias en el exterior. La coordinación interinstitucional debe mejorar para evitar que casos como el de Samid se repitan”.