El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno incluye un artículo que propone eliminar la remuneración para las personas privadas de su libertad que realizan trabajos dentro del sistema penitenciario. Esta medida genera preocupación entre organismos de derechos humanos, ya que reinstauraría prácticas de trabajo forzado que habían sido abolidas en Argentina desde la sanción de la Constitución de 1853.

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) advirtió que esta iniciativa no solo atenta contra los derechos básicos de los presos, sino que también podría dificultar su reinserción social y, en consecuencia, incrementar la tasa de reincidencia delictiva en el país.

Un retroceso histórico en derechos laborales y penitenciarios

Desde 1853, la Constitución Nacional establece la abolición del trabajo forzado en todas sus formas. Sin embargo, el artículo incluido en la reforma laboral propone que las personas privadas de libertad puedan trabajar sin recibir pago alguno, restableciendo en la práctica una modalidad de explotación que se creía superada.

“Eliminar la paga para los presos es un paso atrás que contradice los avances en materia de derechos humanos y dificultará la reinserción social.”

Impacto en la reinserción y aumento potencial del delito

El Cels sostiene que la ausencia de una remuneración justa para el trabajo penitenciario desincentiva la participación activa de los presos en actividades productivas que facilitan su desarrollo personal y social. Esto, a su vez, puede contribuir a un mayor aislamiento y frustración, factores que suelen estar vinculados con la reincidencia delictiva.

El debate público y las voces en juego

El proyecto del Gobierno genera un debate intenso entre distintos sectores, que discuten la necesidad de una reforma laboral que contemple los derechos de quienes están en contextos de encierro. Organismos de derechos humanos, sindicatos y especialistas en políticas penitenciarias coinciden en que la eliminación del pago al trabajo de presos representa un retroceso en materia de derechos y en la política criminal.

• El proyecto elimina la paga para trabajos realizados en cárceles.
• El Cels advierte sobre el impacto negativo en la reinserción social.
• Se teme un posible aumento en la reincidencia delictiva.
• El debate enfrenta perspectivas sobre derechos humanos y seguridad.

Cabe destacar que la discusión se da en un contexto donde la problemática del sistema penitenciario argentino está al rojo vivo, con hacinamiento, falta de recursos y cuestionamientos sobre la eficacia de las políticas de reinserción vigentes.