La Cámara de Diputados está próxima a iniciar el debate sobre la reforma laboral, un proyecto impulsado por el oficialismo que ya cuenta con media sanción del Senado. La discusión se centra en el controvertido artículo 44, que propone una reducción salarial para trabajadores que se ausenten por licencias médicas, independientemente de si la enfermedad o accidente fue involuntario. Esta medida generó un fuerte rechazo en diversos sectores y ha tensado el clima político en el Congreso.

El artículo 44 establece que, en casos de licencias por accidentes o enfermedades no vinculadas al trabajo, el empleado percibirá solo un porcentaje de su salario básico: un 50% si la causa fue producto de una actividad voluntaria y riesgosa (como un accidente jugando al fútbol), y un 75% si la licencia no fue consecuencia de una acción consciente del trabajador, como una gripe o cirugía programada. Esta reducción salarial se aplicaría durante un período de hasta seis meses, dependiendo de si el trabajador tiene personas a cargo.

El Gobierno Nacional, ante la presión política y social, anunció que reformará o eliminará este artículo. En palabras del diputado Luis Petri, de La Libertad Avanza, "la idea es aprobar el proyecto tal cual está para luego corregir el artículo 44 mediante modificaciones reglamentarias o leyes complementarias, garantizando el 100% del salario para enfermedades severas o irrecuperables". Sin embargo, sectores del Pro y la UCR presionan para que la eliminación sea directa en el plenario de comisiones, previsto para este miércoles.

En Mendoza, la reacción de los diputados fue dispar. Mientras que algunos oficialistas como Facundo Correa Llano y Julieta Metral optaron por el silencio, otros como Petri expresaron su postura clara. En el radicalismo, representantes como Lisandro Nieri y Pamela Verasay manifestaron la necesidad de corregir el artículo antes de la votación. Por otro lado, el peronismo mendocino, con diputados como Emir Félix y Martín Aveiro, rechazó de plano la medida. Félix calificó el artículo como "una locura" y cuestionó el castigo a situaciones como complicaciones en un embarazo. Aveiro agregó: "Es tremendo que una persona con cáncer o una enfermedad compleja tenga que enfrentar una reducción salarial. Esto no solo es injusto, sino que también envía un mensaje de desprotección a los trabajadores".

Los datos aportados por Aveiro reflejan un panorama preocupante en materia laboral: entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, Argentina perdió 272.607 puestos de trabajo registrados, un 2,77% menos, y 21.046 empleadores, lo que equivale a 30 empresas menos por día. En Mendoza, la caída fue de 11.228 empleos (-2,6%) y 928 empleadores (-4,3%), casi 1,4 empresas menos por día. "Estas cifras muestran que la reforma laboral no está abordando la raíz del problema y que medidas como el artículo 44 podrían profundizar la crisis", advirtió.

Este debate se enmarca en un contexto nacional donde la flexibilización laboral es un tema recurrente y divisivo. Mientras el oficialismo busca presentar la reforma como una herramienta para dinamizar el mercado laboral y atraer inversiones, la oposición y sindicatos alertan sobre el riesgo de precarización y pérdida de derechos adquiridos. Según un informe del Ministerio de Trabajo, en los últimos cinco años, la tasa de empleo informal en Argentina se mantuvo en torno al 35%, un indicador que preocupa a los sectores que temen que la reforma agrave esta situación.

Además, expertos en derecho laboral señalan que la reducción salarial por licencias médicas podría afectar la salud pública, ya que los trabajadores podrían evitar tomar los días necesarios para recuperarse, aumentando el riesgo de contagios o complicaciones. La doctora Ana Fernández, especialista en salud ocupacional, afirmó: "Castigar económicamente a un trabajador por estar enfermo puede tener consecuencias negativas para su recuperación y para la prevención de enfermedades en el ámbito laboral".

En resumen, la reforma laboral y el artículo 44 en particular generan un debate intenso en Mendoza y a nivel nacional. La expectativa está puesta en la sesión de este miércoles, donde se definirá el futuro de este polémico artículo. La postura oficialista parece inclinarse hacia su eliminación, pero la discusión refleja las tensiones entre la necesidad de modernizar el mercado laboral y la protección de los derechos de los trabajadores, en un país que atraviesa desafíos económicos y sociales complejos.