La polémica en torno al contrato otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) tomó un nuevo impulso luego de que la senadora nacional Juliana Di Tullio anunciara que presentará una denuncia judicial contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y su esposa, María Josefina Rouillet, directora ejecutiva de la AACI. La legisladora calificó la adjudicación como "irregular" y lanzó una dura acusación: "Todos chorros, del primero al último".

El contrato, que asciende a más de 114 millones de pesos, fue adjudicado directamente para brindar clases presenciales de inglés a 132 empleados y diplomáticos del Ministerio. Según fuentes oficiales, el costo por hora de clase es de 191.993 pesos, un valor que triplica ampliamente los salarios docentes habituales en el mercado educativo privado y público. Esta disparidad en los costos generó cuestionamientos sobre la transparencia y la conveniencia del gasto público.

Desde el Gobierno, se defendió la contratación argumentando que, debido al vínculo familiar entre Sturzenegger y Rouillet, se activó el procedimiento de integridad previsto en el decreto 202/2017. Este protocolo incluye la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que revisaron y aprobaron el expediente. Además, se destacó que el servicio contratado incluye no solo las clases, sino también la provisión de materiales importados de prestigiosas editoriales como Oxford y Cambridge, certificaciones internacionales y un test de nivelación para los empleados.

El canciller Pablo Quirno se sumó a la defensa pública del contrato a través de un mensaje en la red social X, donde afirmó: "No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario. Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal". Quirno también resaltó que la intervención de la OA y SIGEN garantizó la transparencia del proceso, especialmente por el vínculo familiar involucrado.

Este caso se inscribe en un contexto más amplio de denuncias y sospechas sobre adjudicaciones directas y contratos millonarios en el Estado, que han sido objeto de debate público y político en los últimos años. La oposición y sectores críticos al Gobierno suelen señalar que estas prácticas favorecen a grupos vinculados al poder y generan un uso ineficiente de los recursos públicos. En este sentido, Di Tullio manifestó que "es fundamental que la Justicia actúe para esclarecer estos hechos y evitar que se repitan este tipo de irregularidades".

Por su parte, expertos en gestión pública consultados por este medio señalaron que, si bien la contratación directa puede justificarse en casos puntuales, la transparencia y el control son esenciales para evitar conflictos de interés y garantizar que el Estado obtenga un servicio acorde a su inversión. "Cuando hay vínculos familiares involucrados, la supervisión debe ser aún más rigurosa", afirmó un especialista en ética pública.

La denuncia de Di Tullio se presentará en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se espera que se inicie una investigación para determinar si existieron irregularidades o actos de corrupción en la adjudicación del contrato. Mientras tanto, la polémica continúa generando repercusiones en el ámbito político y mediático, reflejando la sensibilidad social sobre el manejo de los recursos públicos en Argentina.