La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) está cerca de cumplir su primer año de vida operativa. Este organismo ha activado varias inciativas con resultados aún difíciles de concretar, pero una cosa está clara: supervisar, lo que se dice supervisar, no parece estar supervisando nada. El peligro, una vez más, es seguir la deriva europea: es bueno tratar de evitar los riesgos que impone la IA, pero lo que necesitan Europa y España es otra cosa.

Ni supervisa ni sanciona. La gran paradoja de la agencia con sede oficial en A Coruña es que, tras meses de operatividad, todavía no ha ejercido su teórico poder sancionador ni ha auditado un solo algoritmo crítico de las Big Tech. De momento, su labor se ha centrado en el "acceso anticipado" a la normativa.

La eterna crítica. Aunque la Ley de la IA europea ya permite prohibir sistemas que vulneren derechos fundamentales desde febrero de 2025, la AESIA no ha abierto un solo expediente relevante. Alberto Gago, su director, declaraba recientemente en El País que "Estamos seguros de que en España no opera ninguna IA prohibida".

La labor es de momento muy distinta: se limita a la pedagogía y al acompañamiento, dejando la labor de "mordida" regulatoria para un futuro que de momento parece lejos de llegar. Mientras tanto, el mercado real de la IA se sigue definiendo por las empresas de EEUU o China, que no paran de sacar nuevos modelos prácticamente sin cortapisas regulatorios mientras que las españolas y europeas tienen sobre sus cabezas el yugo de una regulación que amenaza con bloquearlas antes incluso de que puedan lanzar proyectos de este tipo. De momento solo escribe manuales.

De hecho se ha convertido de momento en una consultora legal gratuita para una docena de empresas de un "sandbox regulatorio" recientemente creado. Esa iniciativa, que presume de adelantarse un año a los plazos obligatorios de la Ley de IA europea, quiere actuar como un espacio controlado donde las empresas pueden probar sus sistemas de IA. De las 200 solicitudes se seleccionaron 12 proyectos, pero el resultado de dicho esfuerzo consiste en la redacción de guías técnicas que ayudan a las empresas a cumplir con estas normativas.

El sandbox además genera dudas respecto a cosas como su duración, que es de un año y que puede ser un plazo demasiado largo para lo rápido que se mueve este segmento. Un centro cívico como sede provisional. AESIA debería estar ya utilizando las instalaciones del edificio de La Terraza, pero dicho emplazamiento continúa bajo concesión de RTVE y esta no termina teóricamente hasta 2034.

Es difícil proyectar una imagen de soberanía tecnológica internacional cuando la oficina principal de la agencia opera desde la Casa Veeduría, un espacio compartido con actividades vecinales. Esta sede provisional convive con talleres de barrio y reuniones de asociaciones, lejos de los centros de datos masivos que pretende supervisar. La imagen de un regulador de vanguardia trabajando entre este tipo de actividades no es probablemente la más adecuada de cara a su credibilidad operativa.

Treinta profesionales frente al billón de dólares de inversión de las Big Tech. Hay una preocupante desproporción entre la ambición de la narrativa gubernamental y, por ejemplo, la plantilla real disponible actualmente en AESIA. Durante el anuncio de su puesta en marcha, se prometieron 80 empleados altamente especializados, pero las cifras de agosto de 2025 apuntan a que apenas hay 30 profesionales en plantilla cubriendo todas las áreas.

La labor parece mastodóntica si un organismo así quiere supervisar todos los modelos que entrarán en funcionamiento en nuestro país. En estos momentos en su sitio web oficial aparecen dos convocatorias para cubrir puestos fijos y temporales, además de seis convocatorias para funcionarios. El Laboratorio de Ideas.

El pasado abril se puso en marcha este "claustro multidisciplinar" para anticipar retos éticos sobre género, menores y desinformación. Aunque los temas son vitales, el formato puramente académico choca con la velocidad extrema a la que se mueve la industria de la IA. Resulta especialmente peculiar que el organismo emita recomendaciones sobre juguetes en Navidad mientras las corporaciones globales redefinen el poder geopolítico mediante modelos de lenguaje masivos que ahora amenazan incluso con desequilibrar los pilares de la economía.

Las buenas intenciones no sirven de mucho. Hay un desajuste evidente entre la misión filosófica de este laboratorio y la realidad técnica. Aunque esa labor pedagógica ciudadana es interesante necesaria, no debería ser la función principal ni el mayor logro de una agencia de supervisión técnica de alto nivel.

La AESIA se está comportando más como un departamento de atención al ciudadano que como un organismo capaz de analizar cómo funcionan los algoritmos que nos conceden los créditos o diagnostican enfermedades. ALIA, un ejemplo comprometedor. Tenemos un primer caso preocupante con ALIA, el modelo IA desarrollado en el BSC.

Dicho modelo ha sido certificado por AESIA, lo que indica que cumple con la normativa. Sin embargo el arranque y evolución de dicho modelo sigue siendo errático y preocupante, aunque es cierto que los recursos con los que cuenta el proyecto están muy lejos de los que tienen las startups de EEUU o China. El rigor de la certificación es discutible y pone en duda si AESIA tendrá capacidad para supervisar los modelos de IA más avanzados.