La investigación revelada por los miembros de Alianza Verde mostraría presuntos delitos de falsedad en documento privado y favorecimiento ilícito en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - crédito @DuvalierSanchez/X El senador Duvalier Sánchez y el concejal de Bogotá Julián Triana presentarán una queja ante la Procuraduría General de la Nación y una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra María Carolina Restrepo Cañavera, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), por presuntas inconsistencias en documentos que acreditaron su experiencia laboral. Los dos políticos, miembros del partido Alianza Verde, difundieron un video en el que cuestionaron una certificación laboral presentada por Restrepo para acceder al cargo. Según expusieron, el documento señala que trabajó desde 2002 en la firma Restrepo Cañavera SAS, sociedad vinculada a sus apellidos, en lo que según ellos sería una “autocertificación”.

PUBLICIDAD Sánchez señaló que el documento habría sido expedido por Erika Jiménez, a la que identificó como auxiliar administrativa de la firma. “Se certificó a sí misma en su propia firma de abogados”, afirmó el congresista de oposición, que cuestionó que el soporte no hubiera sido reemplazado por una declaración extrajuicio, como obliga la ley en estos casos. Por su parte, Triana añadió que la escritura pública de constitución de la sociedad indicaría que la empresa fue creada después del inicio del periodo de experiencia. “Esta empresa existe, ojo, desde el año 2004 y no desde el año 2002”, remarcó el concejal, que afirmó que esa diferencia podría afectar el tiempo de experiencia incluido en su hoja de vida. PUBLICIDAD Las aparentes inconsistencias en los soportes laborales de la directora del Icbf El cabildante distrital precisó, además, que Restrepo aparecería vinculada formalmente a la sociedad desde 2006; es decir, cuatro años después de lo relacionado en la certificación.

A partir de esos documentos, planteó que podría existir este periodo de tiempo de experiencia laboral que no correspondería con los registros mercantiles conocidos por ellos. “Por lo tanto, miente y es falsedad en documento”, sostuvo Triana en el video, pese a que corresponderá a las autoridades competentes después de evaluar las pruebas y los argumentos de las partes. Con ello, estas denuncias se sumaron a las peticiones que había elevado sobre sus certificados académicos la senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso. PUBLICIDAD A su vez, Sánchez citó el artículo 289 del Código Penal y aseguró que la presentación de información falsa en un documento puede acarrear penas de prisión.

También hizo énfasis en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995, que contempla consecuencias para los que oculten información o aporten documentación falsa en una hoja de vida para funciones públicas. “Esto amerita cuando menos una respuesta”, afirmó el senador, que exigió que la directora explique la manera en que acreditó su trayectoria profesional ante las autoridades encargadas de su nombramiento. “Y por si las dudas, como usted es abogada y presume de ello”, le recordó el congresista a la funcionaria, que está bajo lupa por sus soportes profesionales. PUBLICIDAD Erika Jiménez fue señalada por certificar la experiencia y luego obtener un contrato Uno de los puntos neurálgicos de la denuncia de Sánchez y Triana se refiere a Erika Jiménez, la persona que figura como firmante de la certificación laboral cuestionada. Triana dijo que Jiménez dejó de trabajar para Restrepo Cañavera SAS en 2023 y pasó a vincularse a la empresa Optimize It, lo que generó una serie de suspicacias sobre estos movimientos.

El concejal preguntó cómo pudo emitir una certificación laboral de la firma si ya no era empleada de esa sociedad y afirmó que, cuatro días después de emitir el documento, Jiménez renunció a Optimize It. Según los denunciantes, Jiménez recibió después un contrato de prestación de servicios con el Icbf por tres meses y por al menos $25 millones. PUBLICIDAD Sánchez indicó que la directora del instituto habría quedado a cargo de supervisar ese contrato. “Yo la certifico y usted me contrata su funcionaria”, expresó el senador al cuestionar la secuencia de los hechos; y aseguró que el contrato de Jiménez fue terminado después de que presentaron derechos de petición sobre la experiencia laboral de Restrepo.

Según explicaron ambos, la certificación era un requisito relevante para respaldar la acreditación profesional de la entonces aspirante al cargo. “Sin certificación, no había acreditación. Sin acreditación, no había nombramiento posible”, recordó el concejal Triana, recordado por ser cercano al expresidente Gustavo Petro y defensor de su gestión. PUBLICIDAD Denunciantes cuestionaron la representación legal de la firma de abogados El último señalamiento se relaciona con el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Triana indicó que Restrepo aún aparecería como representante legal de Restrepo Cañavera SAS. “¿Trabaja medio tiempo en el ICBF y medio tiempo en la firma de abogados?”, preguntó el senador Duvalier Sánchez sobre el particular. Los dirigentes anunciaron que trasladarán los documentos a la Procuraduría y a la Fiscalía para que determinen si existen irregularidades disciplinarias o penales. En el material divulgado no se incluyó una respuesta de la directora del Icbf frente a los señalamientos hechos, aunque la funcionaria respondió en un extenso mensaje y defendió la legalidad de su posesión.

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