El presidente Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, en medio de las conversaciones entre el Gobierno y Washington por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone sanciones contra las compañías que exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina. Del encuentro, también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford. Por la delegación norteamericana estuvieron el embajador Peter Lamelas, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, y la asesora principal para ese mismo área, Viviana Bovo.

La cita presidencial tuvo lugar después de la primera audiencia oficial de Landau, que el jueves se reunió con Quirno en el Palacio San Martín. Allí, el funcionario estadounidense admitió la preocupación de las empresas de su país por el texto, pero aclaró que Estados Unidos no interferirá en su tratamiento. “Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina”, remarcó el número dos de Marco Rubio, y agregó: “Nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”. A su vez, Quirno defendió la reforma y explicó que la ley vigente no ofrece todas las herramientas para proteger los intereses nacionales en el Atlántico Sur. “No va en contra de nadie en particular”, afirmó.

El canciller planteó que las firmas deberán elegir entre sostener operaciones cuestionadas en las islas o invertir en el territorio continental, donde el Gobierno ve un potencial energético mayor. El tema ya había motivado contactos con Washington por el impacto que podrían tener las multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales sobre grandes empresas y fondos de inversión norteamericanos. Según explicó TN, en la Casa Rosada descartan avanzar contra actores financieros de ese peso si la medida compromete la relación bilateral.

El Ejecutivo aclara que los planteos de Estados Unidos no constituyen una exigencia formal de retirar el texto y mantiene la decisión de impulsarlo. La iniciativa llegó al Congreso el 17 de septiembre, pero todavía tiene diferencias con los bloques aliados por los capítulos de seguridad nacional, defensa e inteligencia. En ese contexto, el oficialismo postergó el tratamiento en comisiones mientras negocia cambios al Consejo de Seguridad Nacional y a otras disposiciones.

En paralelo, el encuentro con Milei se celebró en medio de un debate sobre un organismo de las Naciones Unidas de un particular interés para la Argentina. Se trata del Comité Especial de Descolonización de la ONU, donde se debate cada año la cuestión Malvinas, y que Estados Unidos pidió disolver. Según explicó Landau este jueves, la propuesta forma parte de una agenda de Donald Trump para reformar los organismos multilaterales y pidió que la Argentina no la confunda con un posicionamiento respecto a la disputa en el Atlántico Sur.

Quirno respondió que, aun si el comité desaparece, el reclamo argentino no sufre “ningún tipo de mella”. De cara al encuentro, el canciller también informó ayer que Washington aprobó US$13 millones para programas contra el narcotráfico, de los cuales US$7,5 millones financiarán proyectos en el país. Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con Landau un pacto para la protección de la infancia, con asistencia de hasta US$10 millones contra la trata de menores.

Además, Quirno anunció un aporte no reembolsable de US$15 millones para un centro de operaciones de ciberseguridad. Otro de los temas centrales fue la agenda económica. Landau participó de la presentación del Corredor Andes-Atlántico, que busca conectar las zonas mineras y Vaca Muerta con los puertos mediante ferrocarriles, energía, oleoductos e infraestructura portuaria.

El esquema prevé financiamiento de hasta US$7000 millones del Export-Import Bank hasta 2027, con una propuesta indicativa y no vinculante de hasta US$6000 millones para Argentina LNG, que impulsan YPF, ENI y XRG. Además, esta semana el embajador Peter Lamelas amplió las expectativas de inversión estadounidense hasta los US$20.000 millones. Por último, en línea con la sintonía política de la Casa Rosada con Washington, el Gobierno también repasó durante esta visita el acuerdo comercial que debe ser enviado al Congreso, la explotación de minerales críticos y el ingreso al programa de exención de visas, cuyo proceso comenzó en julio de 2025 y aún no tiene fecha.

Además, el Ejecutivo trabaja en los preparativos para la visita del vicepresidente de Donald Trump, J.D. Vance, prevista para noviembre.