Brasil avanzó con una nueva ley que refuerza su estrategia contra el crimen organizado, ampliando las facultades del Estado para intervenir sobre criptomonedas vinculadas a delitos graves dentro del sistema financiero. La norma autoriza congelar, incautar y liquidar activos como Bitcoin antes de una condena definitiva, siempre que exista un vínculo claro con actividades ilícitas consideradas de alta gravedad penal comprobada. Un nuevo enfoque en el tratamiento de criptomonedas y delitos La medida introduce un giro relevante en la forma en que Brasil aborda los activos digitales, ya que ahora no solo pueden rastrearse o bloquearse, sino también monetizarse anticipadamente para fortalecer la seguridad pública.

Según información difundida, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó el 25 de marzo la Ley n.º 15.358, conocida como Ley Raul Jungmann o Ley Antipandillas, orientada a debilitar estructuras criminales organizadas. El objetivo central de esta normativa es debilitar la estructura financiera de organizaciones criminales, incluidas milicias privadas y redes paramilitares que operan dentro del territorio brasileño con distintas fuentes de financiamiento ilícito. Para quienes no siguen de cerca este mercado, el cambio central radica en que los activos digitales dejan de ser vistos solo como difíciles de rastrear, pasando a considerarse bienes decomisables y liquidables.

Qué puede hacer ahora el Estado con esos fondos La legislación otorga a los tribunales la capacidad de ordenar la incautación de bienes durante investigaciones en curso, incluso sin notificación previa, incluyendo expresamente a los "activos digitales o virtuales" dentro de su alcance legal. Esto abarca criptomonedas como Bitcoin y otros criptoactivos utilizados por organizaciones criminales, permitiendo actuar con mayor rapidez para evitar la dispersión de fondos durante procesos judiciales complejos y prolongados en el tiempo. Los jueces también podrán autorizar la liquidación anticipada o el uso temporal de los activos antes de una condena definitiva, siempre que se compruebe un vínculo directo con la actividad delictiva investigada.

Uno de los aspectos más relevantes es el destino de los recursos obtenidos, ya que el Estado podrá convertir rápidamente esos activos en fondos líquidos para financiar equipamiento, capacitación y operaciones de seguridad. En términos prácticos, el dinero decomisado podrá destinarse a patrullas, infraestructura, entrenamiento o herramientas operativas, atacando directamente la capacidad financiera de grupos como el PCC o el Comando Vermelho. La lógica de la norma apunta a golpear con rapidez las reservas económicas del crimen organizado, incluyendo aquellas mantenidas en formato digital, evitando que permanezcan inmovilizadas durante largos procesos judiciales sin utilización efectiva.

El detrás de escena de la regulación La ley no surge de manera aislada, sino que forma parte de un proceso más amplio mediante el cual Brasil viene construyendo un marco regulatorio sólido para el ecosistema de activos digitales en expansión constante. Un paso clave fue la Ley 14.478/2022, que estableció definiciones legales para los activos virtuales y fijó reglas generales para exchanges y otros participantes del mercado cripto dentro del país sudamericano. Posteriormente, en noviembre de 2025, el Banco Central de Brasil emitió las Resoluciones 519, 520 y 521, que entraron en vigencia plena en febrero de 2026 con exigencias más estrictas.

Estas disposiciones introdujeron un sistema de licencias obligatorio para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, también conocidos como VASP, elevando los estándares regulatorios y de supervisión sobre el sector financiero digital. Bajo este esquema, exchanges, custodios y billeteras deben obtener autorización, mantener reservas de capital, segregar activos de clientes y cumplir con normas estrictas de prevención de lavado, incluida la Travel Rule. Más control fiscal y una visión dual sobre Bitcoin La política tributaria también se volvió más estricta, ya que desde 2026 las ganancias provenientes de criptomonedas quedaron alcanzadas por una tasa fija de 17,5% sobre ganancias de capital, eliminando beneficios previos existentes.

Además, los exchanges deben reportar operaciones de mayor volumen y enfrentan sanciones más severas en caso de incumplimiento, reflejando una estrategia estatal orientada a reforzar el control sin frenar completamente la innovación. Sin embargo, Brasil no adopta una postura exclusivamente restrictiva, ya que en febrero de 2026 legisladores reintrodujeron un proyecto para crear una Reserva Estratégica de Bitcoin como activo nacional potencial. Este movimiento evidencia que, mientras se endurecen los controles y las herramientas de decomiso, también persiste una visión de largo plazo sobre el valor estratégico de las criptomonedas dentro de la política económica.