Las Fuerzas Armadas y sus representantes civiles mantienen negociaciones contrarreloj para revertir la oficialización de un decreto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que busca reducir costos y simplificar regulaciones, propone una transformación profunda del sistema de practicaje y pilotaje y le quita atribuciones y presupuesto a la Armada para derivárselos a la Prefectura Nacional. Es decir al Ministerio de Seguridad, con el que siempre hubo interna con la Armada y por lo tanto con Defensa en torno a cuestiones como estas y sobre quién custodia el mar y a quién le dan más o menos presupuesto. La situación encuentra a las partes involucradas en una serie de reuniones entre jueves y viernes para intentar modificar la letra del decreto que, por un lado, reduce la obligatoriedad de lo que es la tarea de practicaje para realizar una transformación integral del sistema de formación del personal superior de la Marina Mercante, retirando escuelas y demás dependencias relacionadas que hoy están en manos de la Armada para transferirlas a la Prefectura Naval, entidad policial que no tiene expertise en esa materia.

El practicaje -la asistencia para el amarre seguro de los buques- y el pilotaje -el asesoramiento en la navegación en zonas complejas- son servicios obligatorios definidos por la autoridad marítima. Su aplicación resulta clave en áreas como los accesos al puerto de Buenos Aires y la Hidrovía. Y en ese marco, especialistas advierten que cualquier modificación sin consenso podría impactar en los estándares de seguridad bien prestigiosos que tiene la Argentina.

La Armada tiene cuatro componentes fundamentales. La flota de mar, la fuerza de submarinos, la aviación naval y la infantería de marina. Tras la debacle militar de la Argentina, la fuerza de submarinos no tiene submarinos, la aviación naval no tiene aviones de combate en este momento, y la flota de mar tiene como medio de ataque entre tres y cuatro destructores y seis corbetas, de los cuales apenas sí funcionan un destructor y tres corbetas.

Subsidiariamente y como tarea colateral, tiene el control del mar, que lo hace con las patrulleras, y los intereses, la protección de los intereses marítimos, que es ahí donde impacta el decreto de la polémica. Dentro de los intereses marítimos que la Armada tutela está la formación y capacitación del personal de la prestigiosa Marina Mercante y la representación de Argentina ante la Organización Marítima Internacional. En aras de desregular la actividad y abaratar costos Sturzenegger busca, en nombre de la motosierra libertaria, implementar un decreto que provoca enormes resistencias entre los militares y los marinos mercantes, además de preocupación en las navieras.

Los uniformados quieren frenar el decreto y revertirlo pero hasta este jueves son había decisiones tomadas. Por un lado, el sistema de practicaje -en el que ya se desempeñan también mujeres- tienen una titulación superior en la Marina, lo que elimina el decreto y por eso la Armada presiona por dar marcha atrás. Aunque desde el lado positivo el decreto también se pretende romper con el esquema corporativo de la marina mercante, del practicaje y el pilotaje, liberaliza todo el sector en el sentido de que muchos más buques extranjeros puedan entrar sin prácticos a los puertos argentinos.

Por ejemplo, un buque chino que vino más de tres veces con el mismo capitán podría entrar al río Paraná sin práctico, “lo cual es una locura que no tiene antecedentes mundiales”, señaló a este diario Fernando Morales, presidente de la Liga Naval. De la lectura del texto del decreto, Morales se quejó de que se considere al practicaje “como un factor distorsionador de precios”; que las condiciones en las que se presta el servicio “deban ser revisadas” de manera que prevalezcan los derechos económicos por sobre la seguridad de la navegación”; y que la formación de marinos mercantes se considera “excesiva" al punto que el personal superior de la Marina Mercante egresa con título universitario. Morales consideró brutal que ello se considere ahora un requisito innecesario para que solamente sean “formados por la policía en menos tiempo permitiendo más egresos sin que importe la calidad profesional.” El esquema tarifario vigente, señalan, no responde a decisiones arbitrarias de los profesionales, sino a parámetros regulados que contemplan variables como el tamaño de la embarcación, su calado, la duración del servicio y la necesidad de permanencia a bordo.

Además, el costo es afrontado por las navieras extranjeras a través de las agencias marítimas, y representa una porción marginal dentro del valor total del flete. Sobre la firma