El fiscal federal Carlos Stornelli pidió al juez Ariel Lijo citar a indagatoria a la exministra de Salud de Alberto Fernández, Carla Vizzotti, y a un grupo de empresarios, entre ellos Hugo Sigman, acusados de los delitos de abusado de autoridad por demorar la compra de vacunas contra el Covid19 al extranjero en 2020 en beneficio de empresas farmacéuticas locales. En un dictamen, al que accedió Clarín, Stornelli impulsó la denuncia de un grupo de diputados que pertenecieron a Juntos para el Cambio y acusó a Vizzotti y otros de haberse interesado en la compra de vacunas locales y luego las Sputnik “en busca un beneficio propio o de un tercero en forma incompatible con el ejercicio de las funciones públicas (arts. 248, 249 y 265 del CPN), en el marco de las negociaciones llevadas adelante desde la Administración Nacional con los distintos oferentes de vacunas contra ell COVID 19”. El fiscal dijo también que hubo una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” durante la pandemia.

Desde mediados del año 2020, el Laboratorio Pfizer habría ofrecido 13,3 millones de dosis de la correspondiente vacuna y el fondo Covax de la Organización Mundial de la Salud otras 25 millones de dosis. No obstante, “habría existido de parte de los funcionarios nacionales intervinientes un "claro favoritismo" hacia laboratorios locales que actuarían como "socios locales" de fabricantes de vacunas, a quienes el gobierno nacional habría privilegiado autorizando la venta de las mismas y relegando a quienes no tendrían dicha asociación local”, resaltó Stornelli. La denuncia fue formulada por los entonces diputados nacionales Omar Bruno de Marchi Waldo Ezequiel Wolff, Álvaro Héctor de Lamadrid, María Carla Piccolomini, Francisco Sánchez, Fernando Adolfo Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Antonio Stefani, Alberto Emilio Asseff, Jorge Ricardo Enriquez y Federico Raúl Zamarbide Sobre “Hugo Sigman -propietario de mAbxience- se asoció con el consorcio internacional integrado por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca logrando la autorización y un contrato muy importante que el Gobierno habría pagado por adelantado, sin que se hubieran entregado, hasta la radicación de la denuncia, las vacunas comprometidas.

Señalaron que el acuerdo celebrado con dichas compañías en octubre de 2020 habría comprendido la compra de 11 millones de dosis de vacunas por las cuales el Estado habría pagado en noviembre de ese año el 60% del contrato por adelantado”. Con respecto a la adquisición de “las vacunas de Sinopharm por parte del Estado Nacional, aparecería nuevamente como denominador común la figura Hugo Sigman. En este caso, pusieron en conocimiento que el nombrado, como titular de la empresa ELEA, se habría asociado con Phoenix SRL y con la Fundación Huésped -la que habría sido fundada por el Dr. Pedro Cahn, señalado como Asesor del Poder Ejecutivo Nacional, y que se hallaría integrada por la, por entonces, Ministra de Salud Carla Vizzotti-, para hacer las pruebas de dichas vacunas y ejercer la representación en Argentina”.

En cuanto a doctor Pedro Cahn “apuntado como asesor presidencial, destacaron que se hallaría vinculado a la Fundación Huésped la cual se habría asociado a ELEA -como se dijo, propiedad de Hugo Sigman- para la realización de pruebas y para representar a Sinopharm en Argentina. A su vez, pusieron en conocimiento que en el staff de la Fundación Huésped aparecería también la Ministra de Salud Carla Vizzotti, quien sería parte también de Vacunar S.A., la que también participaría de dichas pruebas”. De acuerdo al fiscal, el Estado habría demorado de "forma deliberada y perjudicial" la compra de vacunas de la firma estadounidense Pfizer para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina. “Habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, sostuvo Stornelli en su solicitud ante el juez.

En agosto de 2020, en los primeros meses de la pandemia, el laboratorio Pfizer ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba 13.200.000 dosis. De esa cifra, tres millones iban a llegar entre el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, un momento clave para vacunar a la población de riesgo. Sin embargo, el Gobierno de Alberto Fernández declinó la propuesta y avanzó con las contrataciones de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.

Las demoras relacionadas con Pfizer, según el fiscal, “derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”. En aquel entonces, el Ministerio de Salud argumentó trabas legales relacionadas con la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado impulsada por la diputada K Cecilia Moreau y exigieron a Pfizer cláusulas de inmunidad que, de acuerdo a Stornelli, eran inéditas. Para Stornelli, este proceder “habría configurado un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”.

En paralelo, el fiscal abordó las relaciones interpersonales y comerciales entre los funcionarios públicos involucrados y los laboratorios beneficiados, en un esquema donde ubicó como eje central al empresario farmacéutico Hugo Sigman, cuyas empresas ganaron los contratos con AstraZeneca y Sinopharm. En ese contexto, Stornelli pidió citar para brindar declaración indagatoria a Carla Vizzotti, Mauricio Alberto Monsalvo, Juan Manuel Castelli, Sonia Gabriela Tarragona y Cecilia Nicolini. Tarragona fue quien negoció en nombre del Estado el fallido contrato con Pfizer, mientras que Nicolini fue la asesora del Gobierno que negoció la llegada de las vacunas de AstraZeneca y Sinopharm.

Del lado del sector privado y los laboratorios, fueron acusados Sigman; el apoderado de Laboratorios Richmond, Juan Manuel Artola; los directivos de AstraZeneca Greg Mueller, Ulrika Lilja y Paz Reviriego; los representantes del consorcio chino Sinopharm Ma Yue y Hui Wang; los encargados del fondo ruso de la Sputnik V Vladimir Primak y Alexander Chistyakov; y el asesor médico Pedro Cahn. Sobre la firma