Nación desafectó los hoteles de Embalse y deja la puerta abierta a su privatización
A través de una resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el Gobierno nacional retiró el destino específico de siete hoteles y 50 bungalows de la Unidad Turística Embalse. El predio queda bajo custodia estatal, pero sin manejo operativo definido y con la puerta abierta a una eventual concesión o privatización.
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A través de una resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el Gobierno nacional retiró el destino específico de siete hoteles y 50 bungalows de la Unidad Turística Embalse. El predio queda bajo custodia estatal, pero sin manejo operativo definido y con la puerta abierta a una eventual concesión o privatización.
- La decisión se formalizó el 13 de febrero, cuando el Boletín Oficial publicó la Resolución 2/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)...
- En términos administrativos, el Estado nacional retiró el “destino” asignado a siete hoteles y 50 bungalows
- Desde su inauguración entre 1947 y 1951, bajo el impulso del entonces ministro Juan Pistarini, representó la idea de que el descanso podía ser un derecho y no un privilegio
- En los últimos años de la gestión de Alberto Fernández, se destinaron más de 1.000 millones de pesos para refacciones en los Hoteles 2 y 7, con obras en instalaciones sanitarias, ascensores y cañerías...
La resolución 2/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), publicada el 13 de febrero en el Boletín Oficial, marcó un hito en la historia del turismo social en Argentina al desafectar más de 2,3 millones de metros cuadrados de la Unidad Turística Embalse (UTE). Esta medida implica la eliminación del destino operativo asignado a siete hoteles y 50 bungalows, ubicados en un predio emblemático a orillas del Embalse de Río Tercero, en la provincia de Córdoba.
Desde su creación entre 1947 y 1951, bajo la gestión del ministro Juan Pistarini, la UTE fue concebida como un símbolo del turismo social argentino, promoviendo el acceso al descanso y al esparcimiento como derechos fundamentales para los trabajadores y sus familias. En sus mejores años, el complejo ofreció servicios integrales que incluían comedores, piletas, atención médica y espacios culturales, alojando a miles de visitantes anualmente.
Sin embargo, la desafectación dispuesta por el Gobierno de Javier Milei redefine el estatus del predio como un "bien sin destino", lo que habilita su posible transferencia, concesión o venta a privados. Esta decisión se enmarca en la política oficial de racionalización del patrimonio estatal, especialmente de aquellos inmuebles considerados subutilizados. "Es una medida que busca optimizar el uso de los bienes públicos, aunque implica un cambio profundo en la gestión de un patrimonio histórico y social", explicó un vocero de la AABE.
Cabe destacar que la UTE cuenta con la categoría de Monumento Histórico Nacional desde 2013, lo que impone restricciones legales a cualquier intervención. La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos deberá autorizar cualquier modificación, garantizando la preservación de la arquitectura original —caracterizada por muros blancos, tejas españolas y ladrillo visto— y el entorno natural que la rodea.
Durante la última etapa de la administración de Alberto Fernández, se invirtieron más de 1.000 millones de pesos en la refacción de los Hoteles 2 y 7, con mejoras en instalaciones sanitarias, ascensores y sistemas de cañerías. A pesar de estos esfuerzos, el complejo no logró recuperar plenamente su capacidad operativa, lo que contribuyó a la decisión de desafectación.
Actualmente, la custodia del predio está a cargo de la Secretaría de Turismo y Parques Nacionales, que garantiza el mantenimiento básico y la seguridad, aunque sin un plan estratégico definido para su futuro. En la región de Calamuchita, la noticia generó preocupación entre trabajadores y comerciantes, dado que la UTE representa una fuente significativa de empleo y actividad económica local. Según datos del Ministerio de Turismo de Córdoba, el complejo movilizaba anualmente a más de 3.000 personas entre empleados directos e indirectos.
Un dato relevante es que el Hotel N° 1 permanece bajo un permiso de uso otorgado a la Provincia de Córdoba desde 2018, lo que abre la posibilidad de un modelo de gestión provincial o mixta. Sin embargo, no se descarta que la Nación opte por una privatización integral del predio. Como señaló la diputada provincial María Fernández, "la clave está en preservar la identidad y el acceso social, más allá del modelo de gestión que se adopte".
En síntesis, la desafectación de los hoteles de Embalse representa el fin de una era para el turismo social argentino y plantea un escenario abierto sobre el futuro del complejo. La tensión entre la conservación patrimonial, la viabilidad económica y el impacto social será el eje central de las discusiones que definirán el destino de este emblemático espacio.
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