El aumento de la morosidad en el sistema financiero argentino volvió a generar preocupación tras el cierre de 2025, con un crecimiento sostenido en el incumplimiento del pago de créditos, especialmente entre los hogares. Según datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el índice general de irregularidad en los préstamos al sector privado alcanzó el 5,5%, confirmando una tendencia ascendente. El deterioro afecta principalmente a las familias: mientras que la morosidad en créditos a empresas se ubicó en el 2,5%, el incumplimiento en los préstamos otorgados a personas físicas trepó al 9,3%, reflejando las dificultades de los hogares para afrontar sus compromisos financieros.

Este fenómeno se enmarca en un contexto económico complejo, donde la inflación anual acumulada ronda el 95%, una de las más altas de la región, y las tasas de interés para créditos personales superan el 70% nominal anual. "La combinación de alta inflación y tasas elevadas genera un círculo vicioso que limita el acceso al crédito y dificulta el pago oportuno", explica la economista Mariana López, especialista en finanzas familiares.

El incremento en los atrasos se explica en gran parte por el retraso en el pago de créditos personales y prendarios. Durante el último año, el financiamiento a los hogares creció con fuerza y ganó mayor peso en los balances bancarios, aunque esa expansión también incrementó el riesgo de incobrabilidad. Entre las principales causas se señalan el impacto de las tasas de interés aún elevadas, la persistencia de la inflación y la falta de una recomposición sostenida de los salarios, factores que reducen la capacidad de pago de los trabajadores y afectan el consumo.

A pesar de este escenario, el crédito al sector privado mostró un crecimiento significativo del 36,9% en términos reales, considerando operaciones en pesos y dólares, lo que evidencia una mayor dependencia del financiamiento por parte de familias y empresas. Sin embargo, esta expansión no se traduce en una mejora del poder adquisitivo, ya que el salario real promedio cayó un 7,5% en el último año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El panorama resulta aún más complejo fuera del circuito financiero tradicional. En entidades no bancarias, como cooperativas, mutuales y financieras de consumo, el índice de morosidad alcanza el 22,8%, un nivel considerablemente más alto que el registrado en los bancos. Este fenómeno impacta principalmente en los sectores de menores ingresos, que suelen recurrir a estos mecanismos ante la imposibilidad de acceder al sistema bancario formal. "Las familias con menores recursos se ven obligadas a acudir a préstamos con condiciones más onerosas, lo que agrava su situación financiera", advierte el director de la consultora Econviews, Andrés Pérez.

La suba de la morosidad se produce en un contexto de transformación del sistema financiero impulsado por la política económica del gobierno de Javier Milei. Actualmente, el crédito a empresas y familias representa el 43,9% del activo total de las entidades, desplazando al financiamiento del sector público, como Leliqs y bonos del Tesoro, que había predominado durante la gestión de Alberto Fernández. Este cambio refleja una mayor orientación hacia el financiamiento privado, pero también expone a los bancos a mayores riesgos crediticios.

Si bien desde el BCRA sostienen que los niveles de mora aún se mantienen por debajo de los registrados en crisis económicas anteriores, el aumento sostenido de los incumplimientos y su fuerte impacto en los hogares generan preocupación sobre la evolución del sistema financiero y el poder de compra de las familias argentinas. En palabras de un vocero del BCRA, "la estabilidad financiera es una prioridad, pero debemos monitorear de cerca la morosidad para evitar que se convierta en un problema sistémico".

En síntesis, la creciente dificultad de las familias argentinas para cumplir con sus obligaciones financieras refleja un escenario de vulnerabilidad económica que podría profundizarse si no se implementan políticas que apunten a mejorar el ingreso real y controlar la inflación. La combinación de altos costos crediticios y salarios estancados plantea un desafío para la recuperación del consumo interno y la estabilidad del sistema financiero.