La Justicia federal de Gualeguaychú desarticuló un presunto plan impulsado por un jefe narco de Diamante que buscaba asesinar en el exterior al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal ante el Tribunal Oral de esa jurisdicción, José Ignacio Candioti. La maniobra salió a la luz en el marco de una causa vinculada al narcotraficante Leonardo Airaldi, quien, según la investigación, habría ofrecido u$s 40.000 a un sicario uruguayo para ejecutar el ataque durante supuestas vacaciones de los magistrados en el país vecino. Sin embargo, ninguno de los funcionarios judiciales estuvo en Uruguay ni tenía previsto viajar allí. El rol de Horacio Rosatti y las medidas de seguridad El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, siguió de cerca la situación y se comunicó con ambos magistrados. Desde el organismo confirmaron que se mantiene un contacto permanente con fuerzas federales para reforzar la seguridad del juez y de su entorno laboral. La intervención institucional se produjo apenas se conocieron los detalles del supuesto complot, en un contexto de alta sensibilidad por la gravedad de la amenaza. Cómo se conoció el plan La información surgió a partir del testimonio de un interno vinculado al narcotráfico, quien declaró ante la Justicia federal y aportó datos que dieron inicio a la pesquisa. Según su relato, Airaldi pretendía vengarse de Ríos y Candioti por la causa que lo involucra y que lo llevará a juicio en los próximos días. De acuerdo con lo manifestado por el testigo, el narco sostenía que el juez le había “inventado una causa” y que el fiscal “tiene todo arreglado para que le de 15 años de condena en un juicio que empieza el martes”. La investigación contra Airaldi se extendió durante varios años y no solo lo compromete ante la Justicia de Entre Ríos, sino también ante tribunales de Rosario, donde enfrenta un expediente de mayor gravedad. Allanamientos y avance de la causa El preso declaró ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, quien solicitó medidas urgentes. A partir de esa declaración, el juez federal Hernán Viri ordenó un allanamiento que se concretó este viernes por la tarde. Según se informó, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, tomó conocimiento inmediato de las acusaciones a través del director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y del titular de la Unidad Penal 9, Lucas Duffour. Las actuaciones continúan bajo reserva, mientras se analizan pruebas y comunicaciones para determinar el alcance real del presunto plan y la eventual participación de otras personas. La investigación busca establecer si el intento de atentado avanzó más allá de una intención declarada o si llegó a instancias operativas concretas.