La fecha evoca el decreto del 10 de junio de 1829 mediante el cual el gobierno de Buenos Aires designó a Luis Vernet como primer comandante político y militar de las Islas Malvinas, el primer acto formal de autoridad soberana sobre ese territorio en la era independiente. Aquel acto administrativo constituyó una manifestación concreta del ejercicio de jurisdicción argentina sobre el archipiélago, heredada de España tras la independencia y en consonancia con el principio jurídico del uti possidetis iuris, según el cual los nuevos Estados americanos conservaron los territorios que administraban las autoridades coloniales al momento de emanciparse. Sin embargo, la historia de la soberanía argentina en el Atlántico Sur no comenzó en 1829.

Sus raíces se remontan a la etapa virreinal, cuando España consolidó su presencia en las Malvinas en 1767 como parte de una estrategia para ejercer jurisdicción sobre un amplio espacio marítimo austral. Diversos estudios sostienen que esa administración fue posteriormente heredada por las Provincias Unidas y luego por la República Argentina, que continuó ejerciendo actos de gobierno en las islas hasta la ocupación británica de 1833. Una historia que empieza antes de la independencia La presencia argentina en el Atlántico Sur no nació de una decisión burocrática ni de un mapa trazado en un escritorio.

Fue el resultado de un proceso pacífico, gradual y continuo que comenzó en el siglo XVIII, cuando el Virreinato del Río de la Plata extendió su jurisdicción hacia el sur a través de loberos, foqueros y funcionarios coloniales. En 1767, España estableció la capitanía de Malvinas, tras intensas negociaciones que obligaron al Reino Unido a desmantelar su propio asentamiento, con el objetivo explícito de fijar la soberanía sobre un gran espacio oceánico y controlar la explotación de sus recursos naturales. No fue un hecho fortuito: fue una decisión de Estado.

Desde esa base operativa, la jurisdicción se fue extendiendo hacia el sur. Primero las Georgias y las Sandwich del Sur, luego la Península Antártica. Con la independencia, las Provincias Unidas del Río de la Plata heredaron esa estructura y la continuaron.

En 1820, David Jewett, marino estadounidense al servicio del gobierno de Buenos Aires, reunió a los capitanes de las naves presentes en Malvinas, entre ellos el explorador británico James Weddell, y les advirtió formalmente que se encontraban en aguas argentinas. Cinco años después, Gran Bretaña reconoció la independencia argentina mediante un tratado de comercio y amistad. En ese momento, la integración de los territorios australes al nuevo Estado era un hecho conocido y consentido.

Lo que vino después fue violencia: en 1833, una acción militar británica desalojó a las autoridades constituidas. Ese episodio fue el inicio de una disputa, no el cierre de una historia. La Antártida: la concepción bicontinental del país La conmemoración del 10 de junio no se limita a las Malvinas.

También incluye a las demás islas del Atlántico Sur y al Sector Antártico Argentino, una región que ocupa un lugar central en la concepción bicontinental del país. Menos conocido pero igualmente documentado es el caso del Sector Antártico. A principios del siglo XIX, pescadores y foqueros rioplatenses eran presencia habitual en las aguas más australes del planeta.

En 1818, el Consulado de Buenos Aires otorgó permisos formales para la explotación de lobos marinos en islas del Polo Sur, exigiendo incluso que parte de las tripulaciones fueran «oficiales patricios», es decir, criollos, lo que inserta esa actividad en un objetivo de política estatal. Un dato, no menor, es que durante décadas se creyó que el marino estadounidense Nathaniel Palmer había sido el primero en pisar tierra antártica. Pero hacia 1907, sus propios archivos familiares dieron a conocer una carta en la que Palmer relató que llegó al continente siguiendo al pesquero rioplatense Espíritu Santo.

Los argentinos ya estaban allí, y lo hacían con la regularidad de quienes conocen bien el terreno. La presencia ininterrumpida del Estado argentino en la Antártida data del 22 de febrero de 1904, cuando Argentina tomó posesión del Observatorio Meteorológico en las Islas Orcadas del Sur, instalaciones adquiridas a una expedición científica privada, inaugurando allí también la primera estafeta de correos del continente blanco. Desde entonces, Argentina es el país con presencia permanente más antigua en la Antártida, sin interrupciones hasta hoy.

Los estudios sobre la cuestión antártica remarcan así, que la construcción de la soberanía argentina en la región se desarrolló mediante una presencia constante, actividades científicas, exploraciones, servicios meteorológicos y ocupación efectiva del territorio. Para el caso de Malvinas, la situación es aún más clara en términos jurídicos. La ocupación británica de 1833 fue un acto de fuerza contra una autoridad constituida y reconocida internacionalmente.

La Organización de las Naciones Unidas instó en múltiples resoluciones, a que Argentina y el Reino Unido negocien una solución pacífica a la disputa de soberanía. Londres se ha negado sistemáticamente a esa negociación. Un reclamo legítimo y todavía vigente A casi dos siglos de la creación de la Comandancia de Malvinas, la reivindicación argentina sigue encontrando respaldo en fundamentos históricos, jurídicos y geográficos que sostienen la legitimidad del reclamo.

Sin embargo, la soberanía no se fortalece únicamente desde la memoria o los discursos conmemorativos. En un contexto global donde el Atlántico Sur y la Antártida adquieren una relevancia estratégica cada vez mayor, la condición bicontinental de la Argentina exige políticas sostenidas de presencia, investigación, desarrollo y defensa. Reafirmar los derechos sobre Malvinas, las islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico implica mucho más que recordar el pasado: supone asumir el desafío de convertir esa reivindicación histórica en una verdadera política de Estado capaz de proyectar al país sobre uno de los espacios geopolíticos más disputados del siglo XXI.