Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil y candidato a la reelección, situó este lunes la seguridad pública en el centro de su campaña, a 13 días de la segunda vuelta presidencial. Tras asistir a la misa por el día de la Virgen de Aparecida, patrona del país, prometió “tranquilidad” para el “pueblo trabajador” y prisión para los “bandidos”. Ante los periodistas, el mandatario vinculó esa promesa a un cambio institucional.

Dijo que el Gobierno federal podrá asumir el papel que le corresponde en la lucha contra el crimen organizado “en la medida en que la Constitución lo permita”. Solo entonces, afirmó, podrá decir “alto y claro” lo que ofrece a los trabajadores. PUBLICIDAD La referencia es a la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC 18/2025), de iniciativa del Ejecutivo.

El texto incorpora a la Carta Magna el Sistema Único de Seguridad Pública (Susp), creado en 2018 mediante una ley ordinaria, amplía las atribuciones de la Policía Rodoviaria Federal y habilita la creación de policías municipales. Los gobernadores conservan el mando de las policías civiles, militares y penales. La integración entre las fuerzas federales y las de cada estado concentra el debate político.

Hasta ahora, la lucha contra la delincuencia recaía casi por completo en los estados, y el Gobierno central se limitaba a transferir recursos. PUBLICIDAD La Cámara de Diputados aprobó la PEC el 4 de marzo y el texto llegó al Senado seis días después y quedó detenido durante meses. La relación entre Lula y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, se deterioró en abril, cuando la Cámara alta rechazó la candidatura del abogado general de la Unión, Jorge Messias, a una vacante del Supremo Tribunal Federal.

El diálogo se retomó en agosto y, el día 21, Alcolumbre envió la propuesta a la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ). El 2 de septiembre, la CCJ aprobó el texto base en votación simbólica, con una modificación: eliminó la previsión de destinar el 30% de lo recaudado por las apuestas de cuota fija a los fondos nacionales de seguridad y penitenciario. Un pedido de votación separada del senador Carlos Portinho, del Partido Liberal, dejó sin cerrar el trámite, y la comisión aún debe resolver tres peticiones de ese tipo.

El relator, Rogério Carvalho, del Partido de los Trabajadores, previó votar esos puntos y llevar el texto al pleno el mismo día, después de la primera vuelta. La reforma necesita el apoyo de 49 de los 81 senadores en dos turnos. PUBLICIDAD Lula, de 80 años, afronta la segunda vuelta en desventaja.

El senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ganó la primera vuelta del 4 de octubre con el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% del presidente, según el Tribunal Superior Electoral. El resultado contradijo los sondeos previos, que daban ventaja a Lula. Los estudios posteriores confirman la distancia.

Datafolha otorga a Bolsonaro el 49% frente al 45% de Lula, y AtlasIntel, en una encuesta para Bloomberg realizada entre el 3 y el 8 de octubre a 5.026 personas, le asigna el 51,1% frente al 45,7%, con un margen de error de un punto porcentual. Los excandidatos Ronaldo Caiado y Romeu Zema, ambos de derecha, ya anunciaron su apoyo a Bolsonaro. PUBLICIDAD La seguridad es también el terreno de Bolsonaro.

El 18 de junio presentó en São Paulo el plan Brasil sin Miedo, con 12 medidas, entre ellas declarar “narcoterroristas” al Primer Comando de la Capital (PCC), al Comando Vermelho (CV) y a las milicias. Estados Unidos había anunciado el 28 de mayo, dos días después de una visita de Bolsonaro a la Casa Blanca, que incluiría al PCC y al CV en su lista de organizaciones terroristas extranjeras desde el 5 de junio. En Brasil, el Senado rechazó a fines de 2025 una enmienda al proyecto de ley antifacciones que las calificaba como terroristas.

Lula prometió en mayo que, si la PEC se aprueba, creará el Ministerio de Seguridad Pública 15 días después. Este lunes se declaró “convencido” de que ganará las elecciones, porque, según dijo, los brasileños quieren un cambio de la mano de quien ya hizo cosas importantes. PUBLICIDAD El calendario deja al Senado menos de dos semanas para decidir si el presidente llega a las urnas del 25 de octubre con la reforma aprobada y el ministerio en trámite, o solo con la promesa.

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