En plena cuenta regresiva hacia el cierre de las sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional despliega una estrategia a contrarreloj para garantizar la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. El punto más sensible es el artículo que modifica el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no laborales, un aspecto que abrió tensiones con bloques dialoguistas.

La reforma laboral, impulsada por el oficialismo, busca actualizar la Ley de Contrato de Trabajo vigente desde 1974, incorporando cambios que el Gobierno considera necesarios para flexibilizar el mercado laboral y promover la formalización. Sin embargo, uno de los artículos más polémicos es el 44, que reemplaza el artículo 208 de la ley actual y establece que, ante enfermedades o accidentes no vinculados a la actividad laboral, el trabajador percibirá el 50% de su sueldo mientras dure la licencia. Esta modificación generó rechazo en sectores sindicales y en algunos bloques legislativos, que advierten un retroceso en los derechos laborales.

La fuerza política La Libertad Avanza, que tiene un rol clave en la Cámara de Diputados, busca evitar a toda costa que el proyecto deba regresar al Senado. El objetivo político es claro: que el presidente Javier Milei inaugure el período ordinario el 1 de marzo con la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil —la baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años— ya convertidos en ley. Para ello, el oficialismo trabaja sobre dos alternativas para sortear el escollo del artículo 44.

La opción preferida consiste en acordar con la UCR, el PRO y el interbloque Unidos la sanción de una ley complementaria que garantice el pago del 100% del salario en casos de enfermedades graves, tal como ocurre en la actualidad. De ese modo, el texto principal no sufriría modificaciones y evitaría un nuevo paso por la Cámara alta. Esta vía permitiría mantener el equilibrio parlamentario y acelerar la sanción, evitando dilaciones que podrían poner en riesgo la agenda legislativa del Gobierno.

No obstante, desde el oficialismo admiten que la alternativa de salvedades en el posterior decreto reglamentario resulta compleja, ya que la reducción al 50% quedó explícitamente plasmada en la norma. Desde el Ejecutivo plantearon a los referentes del PRO que el texto salga tal como está de Diputados y que en la reglamentación se relativice el alcance de las licencias médicas, por ejemplo, estableciendo un listado de dolencias y el porcentaje del salario que se pagaría en cada caso. Esta estrategia busca dar flexibilidad y evitar interpretaciones rígidas que podrían perjudicar a trabajadores con enfermedades graves.

En este contexto, durante el fin de semana hubo conversaciones entre la ministra de Seguridad y jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, para destrabar el conflicto. Bullrich aseguró públicamente que están “trabajando” en una solución que permita incorporar precisiones durante el debate en Diputados sin que el proyecto deba volver al Senado. “No vuelve”, afirmó en declaraciones periodísticas a Clarín, subrayando la voluntad oficial de cerrar el tema en esta instancia.

La idea oficial es sostener el pago del 100% del salario en casos de enfermedades graves, pero exigir un certificado médico “fehaciente” o la intervención de una junta médica para evitar abusos. En La Libertad Avanza argumentan que buscan frenar la proliferación de certificados apócrifos y sostienen que una empresa no debería asumir el salario completo ante un accidente ocurrido fuera del ámbito laboral, como en una práctica deportiva. Esta postura refleja una preocupación por equilibrar la protección social con la responsabilidad empresarial.

En la Cámara de Diputados, cada voto cuenta. El acuerdo debería cerrarse antes del miércoles al mediodía, cuando a las 14 está convocado el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto. Allí se realizará una ronda de consultas y se emitirá dictamen para tratar el proyecto en el recinto el jueves. De acuerdo con el punteo que manejan en el oficialismo, cuentan con el número necesario para el quórum y para la aprobación tanto en general como en particular. Sin embargo, la negociación sobre las licencias médicas se convirtió en la última pieza de un rompecabezas que el Gobierno necesita encajar sin alterar el delicado equilibrio parlamentario.

El contexto político es complejo: la oposición sindical y algunos sectores de la sociedad civil advierten que la reforma podría debilitar derechos laborales conquistados durante décadas. Por otro lado, el oficialismo sostiene que la flexibilización es necesaria para atraer inversiones y reducir la informalidad, que en Argentina supera el 30% según datos del INDEC. En este sentido, la ministra Bullrich afirmó: “Estamos buscando un equilibrio justo que proteja a los trabajadores en situaciones graves pero que también permita a las empresas sostener el empleo.”

En definitiva, la discusión sobre las licencias por enfermedad en la reforma laboral refleja las tensiones entre la necesidad de modernizar el marco laboral y la protección de derechos sociales, en un escenario político donde la urgencia legislativa y la presión de distintos actores marcan la agenda del Gobierno.