Reforma laboral: la alianza entre el oficialismo y los gobernadores se mantiene en Diputados

CÓRDOBA.− Aunque el oficialismo nacional no espera sobresaltos en el acuerdo alcanzado entre la Casa Rosada y los gobernadores para la reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado, en las últimas horas se multiplicaron los ruidos por la forma en que se pagan las licencias por enfermedades y accidentes en el texto aprobado y algunos legisladores alineados con los mandatarios podrían sumarse a los que piden cambios.

La preocupación más fuerte de los gobernadores en el origen de la discusión era la reducción de Ganancias para empresas y su impacto en la coparticipación. Eliminado ese punto, se dieron por satisfechos y habilitaron sus votos en el Senado. El cuidado de las arcas provinciales fue el aspecto que concentró toda la atención de los mandatarios, que prácticamente no se involucraron en el debate de los aspectos laborales en sí de la reforma.

Así, no solo los gobernadores aliados electorales de los libertarios como Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) dieron su apoyo, sino que los senadores que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Hugo Passalaqua (Misiones) y Martín Llaryora (Córdoba) acompañaron el proyecto del oficialismo. También lo hizo la senadora radical con monobloque propio (Despierta Chubut) Edith Terenzi, que mantiene un estrecho alineamiento con el gobernador Ignacio Torres.

El oficialismo confía en que todas las alianzas tejidas para el paso de la reforma por el Senado se mantendrán y, con eso, alcanzaría el número necesario para aprobar la ley. El viernes por la tarde, la iniciativa llegó a Diputados. El próximo miércoles 18 se analizaría en el plenario de comisiones y la sanción debería ser antes del fin de las sesiones extraordinarias.

La senadora Patricia Bullrich ya adelantó que el Gobierno no aceptará cambios: “La ley ya está, es esta”. Incluso, le restó importancia a los cambios que introdujo el Senado. El mensaje esta vez no apunta a los gobernadores, sino Pro, cuya bancada quiere reincorporar el pago de salarios a través de billeteras virtuales.

En las negociaciones previas al paso por el Senado, a cargo del ministro del Interior, Diego Santilli, los esfuerzos estuvieron enfocados en los peronistas como Sáenz, Jaldo (una senadora cercana rechazó el proyecto) y el catamarqueño Raúl Jalil (aunque el senador Guillermo Andrada votó en contra). Ese grupo, que acompañó al oficialismo en el arranque de la gestión de Javier Milei, tomó distancia en la última parte de 2025. La relación parece estar recompuesta ahora.

Si el debate por los puntos relacionados a pagos de licencias recrudece, los seis diputados con los que cuentan Jaldo (bloque Independencia) y Jalil (Elijo Catamarca) tendrán un rol clave en la votación final.

Innovación Federal −el bloque cuyo armado lidera Sáenz− cuenta con nueve legisladores que si mantienen la alineación del Senado se sumarán a los 95 libertarios.

En el caso de Provincias Unidas, que agrupa a 19 legisladores, habría votos divididos. Los cinco cordobeses mantendrían la posición de apoyo del Senado, pero hay puntos de lo aprobado en debate, lo que también alcanza a los santafesinos Gisela Scaglia y Pablo Farías. La misma conducta asumirían el rionegrino Sergio Capozzi y los dos jujeños alineados con Carlos Sadir (Jorge Rizotti y María Zigarán).

Las diferencias dentro del bloque podrían darse porque Martín Lousteau impulsa un proyecto propio de reforma laboral, una alternativa al de los libertarios.

Por supuesto, los mandatarios de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego, quienes no mantienen contactos con la Casa Rosada, son los que sostienen los reclamos. Después de la media sanción de la reforma, pidieron a la Nación que convoque al Consejo Federal del Trabajo (CFT). El planteo, por una nota firmada por los titulares de las carteras laborales de esas provincias, fue entregado al secretario de Trabajo, Julio Cordero.

A ese grupo se sumó, en esta oportunidad, el misionero Hugo Passalaqua, aunque los senadores que le responden −Carlos Arce y Sonia Rojas Decut− votaron a favor del proyecto.

El retiro del artículo que reducía Ganancias a las empresas conformó a los gobernadores, pero irritó a las cámaras empresarias, que hace tiempo vienen reclamando sobre ese impuesto. Esta vez se impuso el pragmatismo en las negociaciones. Un informe de la consultora Empiria da cuenta de que mientras que el proyecto original representaba un costo fiscal de 0,8% del Producto Bruto Interno, ahora quedó en 0,13%.

La reforma laboral, que busca flexibilizar ciertos aspectos del régimen vigente, llega en un contexto económico complejo, con alta inflación y un mercado laboral tensionado. Según datos oficiales, la tasa de desempleo se mantiene en torno al 7%, mientras que la informalidad laboral supera el 30%, un desafío que el oficialismo pretende abordar con esta ley.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, destacó que “la reforma apunta a modernizar las relaciones laborales, equilibrando derechos y necesidades del sector productivo”. Sin embargo, sindicatos como la CGT y la CTA han expresado su rechazo, advirtiendo que la norma podría precarizar el empleo y afectar los derechos adquiridos.

El debate también incluye la discusión sobre las modalidades de contratación y el pago de licencias, un punto sensible para los trabajadores y las provincias. “Es fundamental que la ley garantice la protección social sin desfinanciar a las provincias”, sostuvo un legislador cercano a Jaldo.

Por otro lado, el impacto político de la reforma es significativo. La alianza entre el oficialismo y los gobernadores, clave para la gobernabilidad, se pone a prueba en este proyecto. La negociación política detrás de escena refleja la complejidad de consensuar cambios estructurales en un sistema federal con intereses diversos.

En este sentido, el analista político Martín Rodríguez señaló: “La reforma laboral es un test para la capacidad del Gobierno de mantener su coalición y avanzar en reformas económicas, en un contexto donde la oposición busca capitalizar cualquier disenso interno”.

Finalmente, el futuro de la reforma dependerá de la capacidad de diálogo entre los distintos actores políticos y sociales. La convocatoria al Consejo Federal del Trabajo podría ser una instancia para limar asperezas y lograr un texto más consensuado antes de la sanción definitiva.

En definitiva, la reforma laboral no solo es un tema técnico sino también un desafío político y social, que marcará el rumbo de las políticas laborales en los próximos años en Argentina.