Hoy comienza formalmente el año en la Justicia de Córdoba y el evento ya comenzó con polémica. Por un lado, la ubicación del gobernador Martín Llaryora -como si fuera parte del Tribunal Superior de Justica- pese a ser de otro poder, y el horario. "Quieren que no estén los empleados, parece que Sesín (el actual presidente) no quiere pasar un mal rato", expresaron desde el Palacio. En la antesala de la Apertura del Año Judicial 2026, varios legisladores remitieron una nota formal al presidente del TSJ, Domingo Sesín, para que el gobernador Martín Llaryora no comparta espacio protocolar junto a los ministros del máximo tribunal provincial.

El acto fijado para este miércoles a las 14:30 en el Tribunal Superior de Justicia, ya cuenta con un pedido formal por parte del legislador Gregorio Hernández Maqueda y cuatro firmantes: Walter Nostrala, Patricia Botta, Agustín Spaccessi y Gerardo Grosso. No es la primera vez que ocurre: en las últimas tres ceremonias, el titular del Ejecutivo fue ubicado en ese lugar. El eje del cuestionamiento es político e institucional.

Para los legisladores opositores, sentar al gobernador junto a los integrantes del TSJ no es un detalle de protocolo sino un gesto de alto voltaje simbólico. "Lo equipara simbólicamente a un integrante del cuerpo", advierte el escrito, vulnerando principios elementales de la división de poderes. "No se puede banalizar la distancia que debe existir entre quien gobierna y quienes deben controlarlo", agregaron los firmantes, quienes sostienen que este tipo de decisiones "transmiten un mensaje político claro: la confusión entre poderes del Estado". La presentación va más allá de lo ceremonial y apunta directamente a la calidad institucional de la provincia. "El respeto por la independencia judicial no es una formalidad ni un detalle de protocolo. Es un pilar básico de la República.

Naturalizar este tipo de situaciones erosiona la calidad institucional de Córdoba", señala el documento enviado a Sesín. Los legisladores solicitaron además que se revisen los criterios protocolares vigentes para garantizar que en futuras actividades se preserve la autonomía e investidura del Tribunal Superior. El horario del acto no pasó inadvertido: al iniciarse pasadas las 14:30, la gran mayoría del personal judicial ya se ha retirado, lo que algunos interpretan como una decisión orientada a evitar cualquier manifestación de malestar en un contexto de fuerte reclamo salarial del sector.