En un clima de tensión, terminó la primera de las dos audiencias por la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados, con la inscripción inédita de más de 102.000 personas para exponer. Fueron limitadas a menos de 400 personas y las últimas expondrán este jueves. La reunión fue liderada por los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), jefes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales, respectivamente. Muchos participantes denunciaron que se incorporaron a la lista oradores que no estaban anotados, lo que provocó demoras de varias horas para los que estaban citados. A las 21 cerró la primera audiencia, pero muchos quedaron sin hablar. “Se terminó la lista de oradores, había gente fuera de la lista a la que se la dejó ingresar y los dejamos hablar”, explicaron desde la Cámara de Diputados. Sin embargo, la transmisión se cortó y quedaron pocos legisladores presentes. Tensión en las audiencias por Ley de Glaciares en Diputados, con cruces entre el oficialismo y el kirchnerismo En el inicio de la sesión, Mayoraz explicó que hubo presentaciones judiciales para frenar la audiencia y que se rechazaron todas las cautelares. Además, se refirió a la impugnación presentada por diputados, que dijo que estaba en curso y que “será resuelta por los canales administrativos que correspondan”. La legisladora massista, Sabrina Selva, se levantó de su asiento y le acercó el documento. Luego, un grupo de diputadas de Unión por la Patria se acercó al estrado donde estaban las autoridades de las comisiones para plantearles que había un grupo de personas que no podían entrar. El reclamo lo hicieron Paula Penacca, Lucía Cámpora, Gabriela Estévez y Selva. Peluc les respondió: “Podemos hablar, pero le dejamos el uso de la palabra a la próxima expositora. No pueden cortar la audiencia, las llamo al orden”. Penacca se dio vuelta y a explicar lo que estaba pasando. En respuesta, el diputado le recriminó: “Estamos en la audiencia pública, usted no la va a ordenar, el presidente de la comisión soy yo”. Finalmente, hubo acuerdo y se decidió que Mayoraz se ocupara junto a las diputadas de “arreglar el tema”, lo que finalmente sucedió. Peluc finalmente planteó: “Después de esta falta de respeto, le pido por favor, Marta Maffei, hacer su intervención”. Mientras que el diputado massista Diego Giuliano también se refirió a la decisión de achicar la lista de expositores. “En la audiencia pública para tratar el proyecto de Ley de Glaciares, se inscribieron más de 100.000 argentinos para participar. Pero solo van a poder hablar 400. Por eso presentamos junto a @CarenTepp, @sabriselva, y diferentes @Diputados_UxP un proyecto para que la decisión no quede en pocos: que el pueblo vote si quiere o no minería en zonas de glaciares con una Consulta Popular Vinculante. Que la Argentina hable”, escribió en su cuenta de X. En su exposición, Gastón Borsini, de la Confederación General de la Producción de la República Argentina, pidió que se realice “una encuesta estratificada, clara y transparente” antes de que la ley sea tratada en la Cámara Baja. Por su parte, el abogado ambientalista Enrique Viale anunció durante la audiencia que va a denunciar penalmente a la senadora Flavia Royón por incompatibilidad en la función pública por haber votado a favor de la reforma de la Ley de Glaciares y tener una consultora que asesora de mineras, como la inglesa Río Tinto. Las claves de las audiencias por la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados A principios de marzo, el oficialismo habilitó la inscripción para participar de dos audiencias públicas: una presencial en la Cámara Baja el 25 de marzo y otra virtual el 26. Pero ante un número creciente, el oficialismo decidió que solamente se iban a seleccionar para exponer a algunas personas de cada provincia. El resto podría enviar un video por YouTube. Organizaciones ambientales pusieron una medida cautelar para que se les dé lugar a todos, pero el juez federal Enrique Alonso Regueira, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, la desestimó. De esta manera, el Congreso avanzará con un esquema de participación mixto que combina exposiciones presenciales, intervenciones virtuales y la posibilidad de presentar aportes por escrito o en formato audiovisual. Según el esquema definido por las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, hay un total de 360 expositores: 180 participan de forma presencial el miércoles y otros 180 lo harán de manera remota el jueves. Las audiencias se realizan desde las 10 en la sala del piso 2 del anexo C. El resto de los inscriptos pudo enviar un video de hasta cinco minutos o un documento escrito que será incorporado al expediente legislativo como insumo para el debate. Sin embargo, el criterio de selección —que prioriza a los primeros anotados de cada provincia para garantizar representación federal— generó fuertes críticas. Desde sectores de la oposición y organizaciones socioambientales denunciaron que el mecanismo deja afuera a la gran mayoría de los interesados, ya que menos del 0,3% podrá tomar la palabra en vivo. En ese contexto, distintas agrupaciones convocaron a una movilización frente al Congreso bajo la consigna “Hacer fila hasta que nos dejen hablar”. La protesta está prevista para este miércoles a las 17 y cuenta con el respaldo de organizaciones ambientalistas, movimientos sociales, representantes de pueblos originarios y espacios políticos de la oposición, entre ellos sectores del PJ, la izquierda, la Coalición Cívica y parte del radicalismo. El Gobierno despliega un intenso operativo de seguridad y recomienda evitar la zona. Las críticas también apuntan a que el formato adoptado podría contradecir estándares de participación pública establecidos en acuerdos internacionales y en la legislación ambiental vigente. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la modalidad al asegurar que permite una intervención amplia y federal, incluso para quienes no puedan exponer oralmente. El proyecto de reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone introducir cambios en la protección de las zonas periglaciares. En términos generales, busca acotar el alcance de la normativa vigente, limitando la protección a aquellas formaciones que cumplan una función hídrica comprobable. También plantea otorgar mayor protagonismo a las provincias en la actualización del inventario de glaciares, una tarea que actualmente realiza un organismo científico nacional.