El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue claro. En el texto del comunicado que acompañó el anuncio del miércoles de esta semana sobre la aprobación de Facilidades Extendidas de 2025, se incluye la obligación para este año del cumplimiento de la meta de 1,4% del PBI de superávit primario. Esto es, simplemente, el resultado entre recaudación y gastos.

En total, serían unos 6.200 millones de dólares de ahorro primario durante todo el ejercicio; cuando, según informó el Ministerio de Economía, durante los primeros tres meses del año se acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB. La velocidad de ahorro parece conveniente. Sin embargo, la evolución negativa de la recaudación impositiva contra la inflación pone en duda la meta.

Según el último informe presentado por la Fundación Mediterránea, titulado "La recaudación viene lenta por más informalidad y mayor peso del comercio exterior, condicionando la evolución del gasto el resto del año", en marzo último la recaudación nacional cayó un 4,8% real anual, con una disminución del 7,6% en el acumulado del primer trimestre del año. Y aunque la evolución resulta muy disímil por tipo de tributos, en los extremos, en marzo cae un 26% en los derechos que recaen sobre el comercio exterior, en que se verificaron reducciones de alícuotas tanto en los que recaen sobre exportaciones como importaciones, y sube 35% en Combustibles, en que se actualizaron los valores nominales del impuesto. En ambos casos, la explicación está en los cambios en la presión tributaria legal: baja de alícuotas en los primeros y subas de montos fijos del impuesto en los segundos.

Para el informe, el principal problema radica en que los tributos que dependen de la actividad económica y el mercado laboral son los que peor evolucionan. En el primer caso, se advierte que la recaudación conjunta de IVA e impuesto a los débitos y créditos bancarios se redujo un 8,7% en el primer trimestre del año. En el segundo, puede observarse que los aportes y contribuciones a la seguridad social se contrajeron un 3,1% en marzo y un 4% en el primer trimestre.

Por otro lado, la pobre performance en la recaudación de aportes y contribuciones debe buscarse tanto en la evolución de los salarios como del empleo. El salario formal (trabajadores privados y públicos) se encuentra un 8% por debajo de noviembre de 2023 —básicamente por lo ocurrido con los salarios públicos, porque los privados formales tuvieron un descenso de menos del 2% en el mismo período—, y casi 30% por debajo de fines de 2017. Ante el panorama, parece clara la situación inevitable para el Ministerio de Economía de avanzar en nuevos esquemas de ajuste en el gasto público para cumplir con la meta de superávit primario comprometida ante el FMI.

Según la Fundación Mediterránea, hay gastos que ajustan por inflación. Son los denominados gastos automáticos (jubilaciones, AUH, etc.) y otras erogaciones que no cuentan con obligación de ajuste por inflación, que constituyen el gasto no automático o con mayor grado de discrecionalidad (personal, planes sociales, subsidios en tarifas de energía y transporte, transferencias a provincias distintas a la coparticipación, inversión pública). Ante el estrés de los recursos, el gasto discrecional se usa como variable de ajuste para cumplir la meta de superávit.

Con este panorama, además, si se cumpliera con la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025, por la cual las transferencias a universidades pasarían a ser de ajuste automático con la inflación (además de tener una suba inicial para incorporar las diferencias de años previos), o si se aprueba el proyecto del Poder Ejecutivo presentado este año al Congreso —incremento que está judicializado y a consideración de la Corte Suprema, con dos fallos negativos en primera y segunda instancia—, los gastos automáticos totales aumentarían un 6,2% en 2026 en valores constantes, si se cumple la Ley de Financiamiento Universitario. En consecuencia, con una recaudación que en 2026 podría tener una leve caída en valores reales, para obtener un superávit primario de 1,5% del PIB, el gasto discrecional debería reducirse entre 12,8% y 14,6% respecto al año previo, en valores constantes, dependiendo de si las transferencias a universidades se mantienen como erogaciones discrecionales o pasan al grupo de las que ajustan automáticamente por inflación. Según la Fundación Mediterránea, para cumplir las metas fiscales el gasto primario total debería caer un 3% anual en 2026, que se suma a un ajuste del 0,7% en 2025 y del 26,9% en 2024.

La disminución acumulada del gasto primario entre 2023 y 2026 resultaría así del 29,7%. En cambio, las erogaciones con ajuste automático por inflación tendrían una suba del 6,2% en 2026 y del 11,7% en 2025, con una caída del 10,7% en 2024; por ende, una suba acumulada del 11,7% real entre 2023 y 2026. Más complicada es la situación del gasto discrecional, con caídas reales del 37,2% en 2024, 11,8% en 2025 y podría tener un recorte extra del 14,6% en 2026, acumulando un ajuste del 55,6% desde 2023.

El panorama resulta complicado para el Gobierno, que debe aplicar un ajuste extra, especialmente en los gastos que no dependen de la inflación, para poder cumplir con la meta de 1,4% cerrada esta semana con el FMI, o esperar a un incremento importante en la actividad económica que le permita a las arcas públicas recuperar ingresos a través de los impuestos al consumo como el IVA. Algo que, para todas las mediciones y consultoras, parece complejo, al menos en el primer semestre del año. No le quedaría otra a la gestión de Javier Milei y Luis "Toto" Caputo que avanzar en una contracción de al menos un 4 o 5% del gasto público total, con foco en las erogaciones que no dependan de la inflación.

Decisión difícil de tomar.