La Comisión Episcopal de Pastoral Social, Caritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) escribieron una carta abierta a los legisladores nacionales donde expresan su gran preocupación por el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional, y solicitaron que el Congreso rechace esta iniciativa. El texto de los representantes de la Iglesia afirma que el proyecto “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”. Luego, citando al Papa León XIV, remarcaron que los bienes de la tierra deben estar al servicio de la humanidad, y no de unos pocos afortunados.

Una de las preocupaciones más grandes de los tres organismos es la quita de limitaciones para que los extranjeros puedan adquirir tierras, lo que les permitiría acceder a territorios con grandes reservas de agua y recursos naturales fundamentales. También advirtieron sobre la derogación de las restricciones ambientales que impedían usar de manera inmediata las tierras destruidas por incendios forestales, lo que definen como un incentivo para los especuladores inmobiliarios. La carta abierta denuncia que “este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”.

Y luego señala que “cuidar la tierra es cuidar la vida”, recordando que “para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, la tierra es identidad, cultura, memoria y futuro”, por ese motivo, no puede ser convertida en una “simple mercancía” o un “recurso financiero”. Cuestionamiento por la crisis habitacional en Argentina La Comisión Episcopal de Pastoral Social, Caritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen también recordaron en su carta abierta la necesidad de combatir la crisis habitacional que sufre Argentina, señalando que la ley debe simplificar el acceso a una vivienda digna a todas las familias, promoviendo, al mismo tiempo, un marco legal justo, tanto para los propietarios como para los inquilinos. Por ese motivo, pidieron que la política asegure un marco jurídico que asegure un equilibrio entre las necesidades de los inquilinos y los propietarios.

El pedido para los legisladores La carta abierta de la Iglesia cierra diciendo: “Pedimos a quienes intervengan en el debate de este proyecto, guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad”. HM