La ex ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti fue indagada este martes en la causa donde se investiga la demora intencional en la compra en 2020 de vacunas contra el Coronavirus a los Estados Unidos para favorecer los negocios locales en la fabricación de las dosis contra el virus. Fuentes judiciales informaron a Clarín que Vizzotti se presentó en el juzgado federal de Ariel Lijo - de licencia porque está en Francia en el plenario del GAFI- y luego de escuchar la acusación en su contra presentó un escrito de más de 100 páginas. La ex ministra del gobierno de Alberto Fernández se negó a contestar preguntas.

Vizzotti es una de las 15 personas citadas a indagatoria a pedido del fiscal federal Carlos Stornelli. Junto con la ex ministra también fueron convocados la ex asesora presidencial Cecilia Nicolini, el empresario Hugo Sigman y el médico infectólogo, Pedro Cahn. También están citados los representantes de los laboratorios presuntamente beneficiados.

Para la fiscalía, el gobierno de Fernández durante la pandemia del Coronavirus demoró de manera deliberada la compra de vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer, con el objetivo de favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios con conexiones en el país. “Habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, sostuvo Stornelli en sus pedidos de indagatorias. En esa línea, remarcó que el laboratorio Pfizer ofreció un suministro de entregas que garantizaba 13.200.000 dosis, en agosto de 2020, en los primeros meses de la Pandemia del Coronavirus. No obstante, el Estado Nacional dejó de lado la propuesta y avanzó con las contrataciones de vacunas: Sputnik V, Sinopharm y AstraZeneca.

Para el fiscal esas demoras “derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”. “Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos ‘socios locales’ que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana”, señaló Stornelli. El juez Lijo avaló las acusaciones y citó a los acusados a indagatoria. Esas audiencias ya se iniciaron.

El infectólogo Cahn fue el primero en declarar. También presentó un escrito de defensa pero aceptó contestar preguntas. Cahn, que durante la pandemia integró el comité de expertos de salud pública que asesoró al gobierno de Fernández, sostuvo que en su rol no tuvo injerencia en la compra de las vacunas y que en la comisión que integró tampoco se habló de esas adquisiciones o de cuál dosis podía ser mejor.

El médico también refirió que nunca tuvo una designación formal y que llegó al comité por una relación profesional con Vizzotti.