La Iglesia Católica advirtió este miércoles sobre el impacto social de los recortes en discapacidad y exigió al Congreso la prórroga de la Ley de Emergencia del sector hasta diciembre de 2027, en el contexto de la visita del papa León XIV al país programada para noviembre. La Comisión Episcopal de Pastoral Social fijó su postura tras reunirse con legisladores nacionales en la Cámara de Diputados, en medio del debate por el Presupuesto 2027. La institución eclesiástica alertó que los cambios en las prestaciones básicas y la suspensión arbitraria de pensiones amenazan la cobertura médica y la subsistencia de miles de familias en Córdoba y en todo el país.

El reclamo del Episcopado Las definiciones del Episcopado surgieron luego de encuentros con bloques parlamentarios de Unión por la Patria, Provincias Unidas y La Libertad Avanza. Durante las reuniones, los emisarios eclesiásticos manifestaron su preocupación por las modificaciones en el sistema asistencial y reclamaron partidas financieras que garanticen la atención sanitaria de los sectores más desprotegidos. El dictamen que impulsa el oficialismo en la Cámara de Diputados propone dividir las prestaciones y limitar la compatibilidad de los cobros con empleos formales.

Según la Pastoral Social, esta medida perjudicará a los beneficiarios con cuadros más severos que no logran una inserción laboral autónoma. «Las personas con discapacidad que tienen un grado de discapacidad tal que no permite su inserción laboral en condiciones generales pasarían a tener menos derechos: perderían la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo y la cobertura de salud», argumentó la Comisión Episcopal mediante un escrito institucional. El reclamo por la Emergencia Lejos de estar conformes con las modificaciones que debió introducir el oficialismo para contentar a sus aliados en el Congreso, los emisarios de la Iglesia renovaron su pedido al Gobierno para que prorrogue la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027, como pretenden los bloques de la oposición. “Esta ley comenzó a aplicarse recién en 2026, de manera parcial y por orden judicial, por lo que aún no pudo cumplir su objetivo. Pedimos, también, que su vencimiento no pueda usarse para desconocer los derechos que reconoció ni las deudas ya generadas”, indicó la Iglesia.

Además, reclamaron se modifique el proyecto de Presupuesto 2027 para garantizar fondos suficientes para el área. En concreto, solicitaron que se incorpore “una previsión presupuestaria que permita asegurar fondos suficientes para sostener las prestaciones, las pensiones y la cobertura de salud”. Preocupación por el arancelamiento y los prestadores La Pastoral Social remarcó que las medidas vigentes no fijan plazos de pago a las instituciones ni garantizan la actualización de los aranceles por prestaciones médicas y educativas.

Esta situación mantiene en estado de parálisis a centros de rehabilitación y transportistas que asisten a las personas con discapacidad en las provincias. El planteo eclesial incluyó un pedido para modificar el capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027, para asegurar los recursos específicos para evitar el quiebre de la red asistencial pública y privada. En las reuniones, “no nos manifestamos a favor ni en contra del nuevo dictamen, ni sobre la prórroga de la emergencia.

Expusimos la necesidad de buscar destrabar la situación en el debate legislativo y de aplicar cambios al capítulo VI de la ley de presupuesto 2027, que modifica el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad”, explicó una fuente de la Iglesia. Denuncian estigmatización y demoras en expedientes Desde Roma, el arzobispo de San Juan y expresidente de la Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, sumó su rechazo a las auditorías impulsadas por el gobierno nacional que siembran sospechas generalizadas sobre los padrones de asistencia al sector de la discapacidad. El prelado diferenció las investigaciones judiciales contra hechos de corrupción de la desprotección a las personas vulnerables. «Estigmatizar un grupo que además tiene esta situación de vulnerabilidad es una experiencia que a mí particularmente me duele mucho.

Si hay delito tiene que corregirse, pero que esto no implique generalizar», afirmó Lozano en declaraciones radiales, donde aseguró que «hay gente que realmente sufre y padece una situación muy dura en el seno familiar o en el ámbito de una comunidad educativa. Entonces, hay que tener también esta actitud de cuidado y respeto por los que son más débiles”. El arzobispo también cuestionó el deterioro de las condiciones educativas y advirtió que tiene consecuencias que se distribuyen de manera desigual. “Pueden llegar a perjudicar especialmente a los sectores más pobres, más vulnerables”, dijo, y vinculó la disponibilidad de recursos con las oportunidades futuras de niños y jóvenes.

Para el arzobispo, garantizar el acceso a propuestas educativas y culturales forma parte de una política de inclusión más amplia. “El poder acceder a bienes culturales, a bienes educativos” es una condición que debe estar contemplada junto a la atención sanitaria, insistió Lozano, quien advirtió que «falta posibilidad de diálogo y de búsqueda de consensos en torno a situaciones que son dramáticas. Esto requiere de políticas públicas debidamente diseñadas y apoyadas» por el Estado, completó el arzobispo. En ese marco, la Pastoral Social exigió al Poder Ejecutivo destrabar más de 200.000 solicitudes de pensión paralizadas durante 2026.

También cuestionó los mecanismos administrativos que permiten dar de baja beneficios mediante cruces de datos informáticos sin otorgar derecho a réplica a los afectados. La visita del Papa León XIV al país El reclamo de los obispos coincide con los preparativos de la visita pastoral del papa León XIV a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre. El pontífice contempla en su agenda un recorrido por el Cottolengo Don Orione de Claypole, donde residen 400 personas con discapacidades severas.

En el ámbito político prevén que las intervenciones del Papa durante esa visita muestren el contraste entre la lógica del ajuste fiscal y la contención de los sectores frágiles. Desde la Conferencia Episcopal ratificaron que continuarán el monitoreo de los proyectos legislativos para evitar el desamparo de los beneficiarios.