Luego de haber sido aprobada por unanimidad en el Senado, el proyecto minero Cobre San Romeleo obtuvo este miércoles la ratificación de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la Cámara de Diputados de Mendoza. La votación terminó con 39 votos a favor y dos en contra. El resultado fue celebrado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre. "Hay una manera de hacer minería con reglas claras, controles y responsabilidad ambiental", sostuvo la ministra en un mensaje publicado en sus redes sociales tras la votación.

En el mensaje también afirmó que Mendoza tiene la oportunidad de "diversificar su matriz productiva sin perder de vista las actividades que forman parte de nuestra identidad". "Hay una manera de hacer minería con reglas claras, controles y responsabilidad ambiental, para que los recursos de Mendoza se traduzcan en más producción y nuevas oportunidades", concluyó Latorre. Cabe recordar que se trata de una iniciativa que había sido enviada a la Legislatura por el gobernador Alfredo Cornejo, luego de que los organismos provinciales completaran la evaluación ambiental. Los detalles de Cobre San Romeleo El emprendimiento apunta a desarrollar una explotación minera de pequeña escala para obtener materia prima destinada a la elaboración de sulfato de cobre y otros fungicidas agrícolas, utilizados en la vitivinicultura y otros cultivos.

El proyecto pertenece a LABSA S.A. y su operación estará a cargo de AREX MINING S.A. Está ubicado en el Puesto Aguas de Isaac, en la Quebrada de San Romeleo, distrito Río Barrancas, a unos 160 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe. La propuesta contempla procesar 40 toneladas de mineral por día.

Según la información presentada por la empresa, el yacimiento cuenta con reservas estimadas en 257.000 toneladas, con una ley media de cobre del 1,29%, y un horizonte de explotación previsto de aproximadamente 20 años. La inversión estimada para ponerlo en funcionamiento es de US$ 3 millones. El procesamiento se realizará mediante un sistema de disolución amoniacal en circuito cerrado.

De acuerdo con la documentación del proyecto, el método permite recuperar y recircular los principales reactivos empleados. Los gases generados serán capturados, condensados y reutilizados para regenerar la solución lixiviante, con el objetivo de reducir el consumo de reactivos y la generación de efluentes. Latorre destacó que la iniciativa busca integrar la actividad minera con otras cadenas productivas de la provincia. "La minería y la agricultura pueden complementarse, generar valor agregado y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para los mendocinos", señaló.

Qué exige la Declaración de Impacto Ambiental La DIA establece una serie de obligaciones que la empresa deberá cumplir durante las distintas etapas del emprendimiento. Entre ellas figura la presentación de una Línea de Base Ambiental, con protocolos para proteger la fauna, además de planes de monitoreo ambiental y social y un plan de contingencias. También deberá constituir una garantía suficiente para asegurar la recomposición de eventuales daños ambientales.

La protección del agua ocupa un lugar central entre las condiciones. Antes de comenzar la construcción, la empresa tendrá que obtener el permiso de uso de agua del Departamento General de Irrigación y presentar información técnica sobre las instalaciones, la impermeabilización, el manejo de efluentes, el transporte de fluidos, el consumo y la eventual reutilización del recurso, así como las medidas para prevenir derrames. La resolución exige, además, la ingeniería de instalaciones clave, como el dique de colas, las escombreras y la pileta de mineral agotado, con sus correspondientes sistemas de impermeabilización, drenaje y contención.

Se deberán realizar estudios sobre el potencial de lixiviación y la movilidad de metales para evaluar su posible incidencia en el recurso hídrico. Durante la construcción y la explotación, la firma tendrá que ejecutar monitoreos de aguas superficiales y subterráneas, aire, suelo, flora y fauna, además de controles de ruido. También deberá mantener registros del consumo de agua y cumplir con los planes de manejo de efluentes y respuesta ante contingencias.

Con la ratificación legislativa, la DIA queda aprobada, aunque el avance del proyecto deberá ajustarse a las obligaciones y autorizaciones previstas para las siguientes etapas.