En diciembre de 2024, Samuel Rappylee Bateman, autoproclamado profeta de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (FLDS), fue sentenciado a 50 años de prisión federal por liderar una red de abuso sexual infantil que operaba en varios estados de Estados Unidos. La investigación que permitió el arresto de Bateman se fundamentó en pruebas audiovisuales reunidas por la experta en psicología de sectas Christine Marie y su esposo, el productor de videos musicales Tolga Katas. Ambos se infiltraron con identidades encubiertas en la comunidad polígama de Short Creek y recopilaron evidencia crucial que fue entregada a las autoridades federales, lo que facilitó que las menores involucradas quedaran bajo custodia, según detallaron TIME y People.

Un vacío de poder y el surgimiento de un nuevo profeta La fragmentación interna de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (FLDS), tras la condena a cadena perpetua de Warren Jeffs en 2011, generó un vacío de liderazgo en Short Creek, localidad ubicada entre Hildale, Utah, y Colorado City, Arizona. De acuerdo con People, Jeffs y varios de sus seguidores fueron encarcelados por mantener relaciones sexuales con “esposas” menores de edad. Este escenario facilitó el surgimiento de figuras como Bateman, quien estableció su propio grupo, identificado como los Samuelitas.

Tal como relatan exmiembros en la docuserie de Netflix, Bateman aseguraba ser el nuevo canal de comunicación divina tras la presunta “transformación” o muerte de Jeffs, lo que le permitió consolidar su autoridad. Por consiguiente, desde 2019, incrementó su control sobre los seguidores mediante discursos religiosos, aislamiento social y presión financiera. Según TIME, los adeptos donaban recursos económicos y entregaban a sus hijas, algunas de apenas nueve años, como “esposas espirituales” al líder.

La vigilancia era permanente: mujeres y niñas residían en viviendas colectivas bajo el control absoluto de Bateman. Las denominadas Blue House y la Green House eran los principales lugares de poder y abuso. Investigación encubierta y operaciones del FBI En 2015, Christine Marie llegó por primera vez a Short Creek impulsada por labores de ayuda humanitaria tras una inundación.

A partir de 2021, con el permiso de los Samuelitas, inició la filmación de la vida interna de la comunidad bajo el pretexto de realizar un documental. Se presentó como colaboradora junto a su equipo y logró registrar tanto reuniones cotidianas como episodios de maltrato severo. La cercanía generada les permitió un acceso directo, incluso Bateman manifestó interés en participar en el proyecto.

El punto de inflexión ocurrió cuando, según relató Marie, Bateman le confesó haber ordenado a un seguidor abusar sexualmente de una niña de trece años. Además, grabó con su teléfono una descripción detallada que Bateman hizo de las denominadas ceremonias de “expiación”, en las que “entregaba” a sus “esposas” a seguidores y ordenaba relaciones sexuales en grupo bajo su supervisión. Este material audiovisual provocó la intervención del FBI.

El operativo federal y el destino de las menores rescatadas Bateman fue inicialmente detenido en agosto de 2022 tras un control de tránsito que reveló la presencia de niñas en un remolque cerrado. A pesar de quedar en libertad bajo fianza, la alerta permitió obtener órdenes federales que posibilitaron el registro de propiedades y la detención del líder espiritual junto a varios colaboradores. Luego del arresto, las menores identificadas quedaron bajo tutela del Departamento de Seguridad Infantil de Arizona.

Semanas más tarde, seguidores de Bateman intentaron sustraerlas y las trasladaron fuera del estado. El grupo fue interceptado en Washington y las niñas reintegradas a la protección estatal. Finalmente, el 9 de diciembre de 2024, Bateman recibió una condena de 50 años de prisión, seguida de libertad condicional supervisada de por vida.

Entre los seguidores acusados, varios fueron hallados culpables por sentencia o tras admitir responsabilidad ante la justicia. Los procesos de sentencia para otros implicados siguen en curso ante tribunales federales.