El municipio madrileño de Majadahonda (74.000 habitantes), feudo tradicional del PP y una de las localidades más ricas de la región si se tiene en cuenta la renta per cápita de sus habitantes, tiene una empresa pública de vivienda. Se llama Pammasa y fue constituida en mayo de 1992. Su objetos social es “la promoción, gestión y ejecución de actividades urbanísticas, teniendo especial relevancia la de facilitar el acceso a la vivienda”, sobre todo “la vivienda de protección oficial”.

Pero Pammasa entregó la última promoción en 2019 y según su última memoria, la de 2025, gastó en sueldos 286.536 euros. “Hoy es una inmobiliaria que gestiona alquileres. Y en privado te dicen que su perfil no es hacer vivienda pública”, señala David Rodríguez, portavoz socialista en este Consistorio. “Estamos apostando por otro tipo de política. Ahora vamos a entregar antes de que acabe el año 180 pisos del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, en la que el Ayuntamiento ha puesto la gestión de adjudicación”, explica un portavoz municipal.

Una promoción que está destinada exclusivamente a aquellos vecinos que llevan un mínimo de diez años empadronados en Majadahonda. Con el Plan Vive el Gobierno regional y diversos Ayuntamientos ponen suelo para que promotores privados construyan vivienda protegida en alquiler a precios asequibles. Estos promotores privados construyen y gestionan estos alquileres entre 50 y 75 años a cambio de obtener una rentabilidad del 7%.

PUBLICIDAD También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, en Facebook y en Instagram Pero estas son viviendas protegidas, no viviendas públicas, es decir, construidas en suelo público y gestionadas directamente por la Administración. Según la propia web de Pammasa, esta empresa municipal ha desarrollado durante sus 34 años de vida un total de 835 viviendas en régimen de alquiler (las primeras en 1993 y las últimas en 2016) y 633 en régimen en venta (las primeras en 2001 y las últimas en 2019). Desde entonces, nada de nada.

Poca actividad. Tampoco tiene mucha plantilla. Cuatro personas: un Director Financiero y de Recursos Humanos con funciones de Gerente, un técnico de Proyectos Inmobiliarios y Gestión Patrimonial, una Jefa de Departamento y un oficial administrativo.

Sus nónimas suman 287.000 euros brutos anuales. PUBLICIDAD “Pammasa incumple su objeto social y hay 2.000 vecinos en listas de espera para una vivienda pública”, recalca el concejal Rodríguez, en un momento en el que este tema, el de la vivienda, es la primera preocupación de los españoles (según el CIS) y ha sido el detonante para que Pedro Sánchez convoque elecciones generales para el 29 de noviembre. “En 2007 Pammasa entregó 120 viviendas. No fue hasta 2016 cuando volvieron a entregar 47.

Y en 2019 otras 104. Me parece un dato escandaloso”, afirma Rodríguez. Para los socialistas “Majadahonda necesita vivienda pública y Pammasa tiene que volver a cumplir su principal función.

Si tenemos suelo, demanda y una nueva legislación que ofrece más posibilidades para construir vivienda protegida, debemos aprovecharlas y no obligar a irse a miles de majariegos”. 2.275 nuevas viviendas Esa legislación es la nueva ‘Ley 2/2026 de la Comunidad de Madrid para incrementar la oferta de vivienda protegida’, que permite a los municipios incrementar, en determinados desarrollos, hasta un 20% la edificabilidad y un 30% la densidad destinada a vivienda social. Desde el Ayuntamiento insisten en que desde que llegó la nueva alcaldesa en 2023, Lola Moreno (inspectora de policía de profesión), “se está haciendo lo que no se había hecho nunca en materia de vivienda”. Y pone como ejemplo el plan urbanístico que el Consistorio acaba de aprobar, que se llama Arco de Poniente y que pondrá en el mercado 2.275 nuevas viviendas.

Cuatro nuevos barrios en los que entre el 50 y el 65% de los pisos tendrán algún tipo de protección. Un desarrollo que tardará años en concretarse. PUBLICIDAD Desde el PSOE recuerdan que los tres vecinos de Majadahonda en la zona oeste, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas y Boadilla del Monte, “hacen más vivienda pública que este Ayuntamiento, que ha descartado hacer 637 pisos sociales en el Carril del Tejar (en la zona de Plaza Norte 2), 241 en Carralero II y 171 en Roza Martín. “En lugar de buscar soluciones de vivienda pública, movilidad, infraestructuras y servicios que permitan desarrollar estas zonas, el PP opta por descartarlas directamente”, sentencia Rodríguez.

Por desarrollar sigue sin desarrollar la famosa parcela que fue el embrión del famoso caso Gürtel, la parcela R03. “La génesis de lo que se ha llamado la Gürtel está en Majadahonda. ¿Quiere que se lo cuente?” Con esta hábil introducción, Francisco Correa inició hace una década su declaración en el primer juicio de la trama que se celebró en 2016. La fiscalía había empezado a preguntarle sobre Majadahonda, otro de los municipios fetiche de la trama.

Allí Correa hizo su agosto: 27,7 millones de euros en contratos presuntamente amañados para sus propias empresas y para otras que pagaron la correspondiente comisión. Correa llegó a tener tanto poder su entonces esposa, Carmen Rodríguez Quijano (que luego sería condenada), llegó a ser jefa del gabinete del entonces alcalde, Guillermo Ortega. El nombre de Pammasa ya apareció en el sumario del caso porque hubo incluso disputas internas entre varias facciones de la trama para vender parcelas públicas a determinados promotores.

PUBLICIDAD Ahora, 20 años después, hasta Vox presenta mociones municipales para que Pammasa promueva directamente vivienda pública en régimen de compra en algunas de las parcelas que sigue teniendo, como la parcela RO3, situada en el Valle de la Oliva junto al hospital Puerta de Hierro, evitando así su venta a promotores privados. Vox recuerda que Majadahonda sufre una de las mayores dificultades de acceso a la vivienda de toda la Comunidad de Madrid, con precios medios que alcanzan los 4.288 euros por metro cuadrado, lo que impide a muchos jóvenes emanciparse en su propio municipio. “El Ayuntamiento tiene la obligación legal y moral de poner en carga su propio suelo para ofrecer vivienda pública a las familias majariegas”, señala Pablo Pérez, portavoz de Vox. PUBLICIDAD PUBLICIDAD