La convocatoria al cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei representa un momento de tensión inédita para la CGT, que históricamente ha buscado mantener una postura dialoguista con los gobiernos de turno. Desde la media sanción de la reforma laboral en el Senado, la central sindical se vio atrapada entre la necesidad de mostrar firmeza ante los sectores más combativos y la intención de no romper definitivamente con la Casa Rosada. La inclusión del artículo que modifica el régimen de licencias laborales, permitiendo recortes salariales en casos de enfermedad o accidentes, fue el detonante que aceleró la decisión de llamar a la huelga, según reconocen dirigentes de la propia central.

Este artículo, considerado por muchos como un retroceso en derechos laborales, generó un rechazo inmediato en la opinión pública y en los gremios más duros, que desde hace semanas vienen presionando para endurecer la respuesta sindical. "Nos forzaron a mostrar el descontento porque tocaron puntos que afectan directamente a los trabajadores", admitió un referente de la conducción cegetista, al tiempo que deslizó críticas hacia la negociación informal con el Gobierno, acusando una falta de coherencia interna en el oficialismo.

El foco de la bronca sindical recayó especialmente sobre Patricia Bullrich, presidenta del bloque libertario en el Senado, a quien los gremialistas responsabilizan por la inclusión del polémico artículo. "Se descolgó sola y se pasó de rosca", afirmó un dirigente con acceso a las reuniones internas, interpretando que Bullrich busca capitalizar políticamente la reforma para posicionarse de cara a las elecciones de 2027, ya sea como candidata a vice de Milei o para la Jefatura de Gobierno porteña.

Sin embargo, la decisión de la CGT no estuvo exenta de críticas internas. El fracaso en la negociación con el Gobierno evidenció las limitaciones de la estrategia dialoguista que la cúpula sindical intentó sostener. La presión de los gremios más combativos, muchos con vínculos directos con el kirchnerismo, fue creciendo y terminó imponiéndose. "Mientras se recortan derechos de los trabajadores, ellos quedaron defendiendo sus cajas", denunció un líder del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), agrupación que reúne a sectores como la UOM, aceiteros, pilotos, ATE y las dos CTA.

Daniel Yofra, secretario general de los aceiteros, ironizó sobre la inacción de la CGT: "¿Sabés por qué no llaman a la CGT al diálogo? Porque no hacen huelga, para qué la van a llamar. Le pasás por al lado y no te tira el tarascón, eso es lo que pasa con la CGT". Esta crítica refleja la creciente fractura interna y la presión para que la central adopte una postura más combativa.

Pese a la convocatoria al paro, desde la CGT aseguran que no buscan una ruptura definitiva con el Gobierno libertario. Fuentes internas sostienen que, una vez superada la coyuntura, volverá a imponerse el espíritu dialoguista que caracteriza a la central. "La CGT no quiere confrontar de manera irreparable, pero tampoco puede permitir que se avasallen derechos fundamentales", explicó un dirigente cercano a la conducción.

Este episodio pone en evidencia la complejidad del escenario político y sindical argentino, donde las tensiones internas y las presiones externas se entrecruzan en un contexto de reformas laborales polémicas y un Gobierno con una agenda de cambios profundos. La huelga general convocada para el día de tratamiento en Diputados será una prueba de fuego para la CGT, que deberá equilibrar la defensa de los trabajadores con la necesidad de mantener canales abiertos de diálogo con el Ejecutivo.