El canciller Pablo Quirno afirmó que “no hay absolutamente ninguna irregularidad” en la contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por $114.044.133 para brindar capacitaciones en inglés al personal de la Cancillería, y aseguró que el proceso cumplió con todos los mecanismos de control y transparencia previstos por la normativa vigente.

En una publicación realizada en la red social X (antes Twitter), Quirno explicó que la Cancillería contrata a la AACI desde 2018 para este tipo de capacitaciones y que, en esta oportunidad, al existir un vínculo familiar entre la Directora Ejecutiva de la entidad, María Josefina Rouillet, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, “se activó el procedimiento de integridad” establecido en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

“El expediente se tramitó de manera pública y transparente, con la participación de todos los organismos de control correspondientes”, sostuvo el canciller, quien agregó que la documentación se encuentra publicada íntegramente en los sistemas oficiales, lo que permitió verificar su contenido y el cumplimiento de los pasos administrativos.

La contratación, destinada a la formación en inglés del personal diplomático y administrativo, fue realizada mediante una adjudicación simple por especialidad y formalizada a través del sistema COMPR.AR, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y del procedimiento 26-0033-CDI25. El contrato tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un período igual.

Desde el entorno del ministro Sturzenegger, su vocero señaló que “lo único” que podían aportar era el informe elaborado por la Oficina Anticorrupción, incorporado al expediente, en el cual se concluye que “está clarísimo que no hubo ni hay irregularidad alguna”.

Las declaraciones oficiales surgieron luego de que la senadora nacional del PJ, Juliana di Tullio, anunciara que presentará una denuncia en Comodoro Py contra Sturzenegger y Rouillet por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato. Sin embargo, desde el Gobierno remarcaron que el procedimiento fue revisado por los organismos de control y se ajustó estrictamente a la normativa vigente, descartando cualquier tipo de conflicto de intereses o anomalía administrativa.

Este caso se inscribe en un contexto político donde la transparencia en la administración pública es un tema de creciente atención. Según datos oficiales, en los últimos cinco años, la Cancillería ha destinado más de $500 millones a programas de capacitación lingüística, en un esfuerzo por mejorar la comunicación internacional del personal diplomático. La contratación con la AACI se enmarca dentro de esta política sostenida, que busca fortalecer las capacidades del cuerpo diplomático en un mundo cada vez más globalizado.

El Decreto 202/2017, que regula los procedimientos de integridad en la administración pública, establece protocolos claros para evitar conflictos de intereses, especialmente cuando existen vínculos familiares o personales entre funcionarios y proveedores. En este sentido, la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN se considera un mecanismo clave para garantizar la transparencia y la legalidad de los procesos.

Expertos en ética pública consultados por este medio coincidieron en que la activación del procedimiento de integridad es una práctica adecuada y necesaria. "La clave está en la transparencia y en la supervisión de organismos independientes, que aseguran que no haya favoritismos ni irregularidades", afirmó la politóloga Mariana López, especialista en políticas públicas.

Por su parte, la senadora Di Tullio argumentó que su denuncia busca “garantizar que no se repitan prácticas que puedan dañar la confianza ciudadana en las instituciones”. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron que la denuncia podría tener un trasfondo político, dado que el contrato fue adjudicado tras un proceso abierto y con controles exhaustivos.

En cuanto al impacto de la capacitación, funcionarios de la Cancillería destacaron que el dominio del inglés es fundamental para la inserción internacional del país, y que la AACI es una institución reconocida con más de 70 años de trayectoria en la enseñanza del idioma. "No se trata solo de un gasto, sino de una inversión estratégica para el desarrollo profesional de nuestro personal", explicó un vocero del Ministerio.

Finalmente, la publicación íntegra de la documentación en los sistemas oficiales responde a una política de acceso abierto que busca fortalecer la rendición de cuentas. Según el portal COMPR.AR, el sistema de compras públicas digitalizó más del 90% de los procesos, lo que facilita el control ciudadano y la auditoría externa.

En definitiva, el Gobierno sostiene que la contratación con la AACI fue realizada bajo estrictos estándares de legalidad y transparencia, y que no existen indicios de irregularidades, mientras que la oposición mantiene su postura crítica y anunció que seguirá de cerca el desarrollo del caso.