La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que está en condiciones de convocar a un paro nacional este jueves, coincidiendo con el tratamiento en la Cámara de Diputados de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La medida se formalizará tras la reunión de la conducción prevista para este lunes, aunque ya existe un consenso amplio dentro de la central obrera para avanzar con la huelga.

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, afirmó en diálogo con Radio 10 que "están dadas las condiciones para ir a un paro nacional" y que la intención es garantizar "el mayor grado de acatamiento posible". Además, destacó que la protesta buscará tener alcance en todos los sectores productivos, mostrando la unidad sindical frente a lo que consideran una reforma regresiva.

El malestar sindical se profundizó en las últimas semanas, especialmente tras la incorporación de un artículo que modifica el régimen de licencias por enfermedad en la Ley de Contrato de Trabajo. Según reconstruyó Noticias Argentinas, la CGT calificó esta iniciativa como "totalmente regresiva" y advirtió que afectará no solo a los trabajadores, sino también al conjunto de la sociedad.

El artículo en cuestión modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo que ante una enfermedad o accidente no laboral derivado de una actividad voluntaria que implique riesgo, el trabajador cobrará el 50% del salario durante tres meses —o seis si tiene personas a cargo—. En otros casos, la remuneración será del 75% durante el mismo período. Esta medida fue incorporada durante el debate en el Senado, lo que generó sorpresa y rechazo en el sindicalismo, que interpretó esta decisión como una ruptura de los canales de diálogo aún abiertos.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió el cambio argumentando que busca corregir distorsiones, poniendo como ejemplo a un trabajador que sufre una lesión mientras juega al fútbol y queda incapacitado temporalmente. Sin embargo, especialistas en derecho laboral, como el abogado Julián de Diego, advirtieron que esta modificación podría aumentar la litigiosidad. De Diego señaló que el artículo "salió como un fantasma" y que la reforma podría generar más conflictos judiciales en lugar de reducirlos.

En el ámbito parlamentario, la reforma laboral también generó un reordenamiento. El bloque peronista anunció que votará en contra de manera unificada, mientras que diputados de espacios dialoguistas como PRO, UCR y Provincias Unidas expresaron reparos sobre el artículo de licencias. Si la oposición logra eliminar ese punto, el proyecto deberá volver al Senado, una alternativa que el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazan.

Juristas también señalaron posibles conflictos con convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por Argentina. El ex ministro de Trabajo Armando Caro Figueroa advirtió que algunos aspectos del proyecto podrían afectar derechos vinculados a la libertad sindical y al salario.

Más allá del rechazo a la reforma, la CGT busca mostrar fuerza frente al Gobierno y expresar un descontento más amplio con el rumbo económico. Jerónimo sostuvo que "el paro nacional no solo apunta a frenar la reforma laboral, sino también a expresar el rechazo a la política económica" del Ejecutivo.

El tratamiento en Diputados marcará un punto de inflexión para la estrategia oficial, que apuesta a avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo para reducir costos y fomentar el empleo formal. En contraste, la central obrera considera que la reforma implica una pérdida de derechos y un retroceso en las condiciones laborales. Como señaló Jerónimo, "no podemos permitir que se avasallen conquistas históricas que garantizan la dignidad del trabajador".

Este escenario de alta tensión entre el Gobierno y la CGT se inscribe en un contexto de creciente conflictividad social y económica en Argentina, donde la inflación y la precarización laboral son temas centrales en la agenda pública. La huelga convocada para el jueves será un termómetro clave para medir el nivel de movilización sindical y la capacidad de la oposición para frenar las reformas impulsadas por Milei.