La senadora nacional Patricia Bullrich adelantó que el Gobierno analiza introducir cambios en el artículo 44 del capítulo VII de la reforma laboral, vinculado al régimen de licencias por enfermedad, tras las críticas que generó la reducción salarial prevista para ausencias prolongadas por motivos de salud.

En diálogo con TN, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza explicó que la modificación alcanzaría únicamente a enfermedades “severas, degenerativas e irrecuperables” y “fehacientemente comprobables”, para que en esos casos el trabajador mantenga el 100% del salario.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en el Senado de la Nación Argentina y debe tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, establece actualmente recortes del 50% del sueldo en enfermedades derivadas de actividades recreativas ajenas al trabajo y del 75% en casos involuntarios.

Bullrich defendió el esquema general y sostuvo que “existe una mafia de certificados truchos” que justifica controles más estrictos. “Hay médicos presos por certificados falsos. Hay clínicas con denuncias. Nosotros vinimos a terminar con las mafias”, afirmó. También anticipó la creación de una junta médica en hospitales públicos y centros de reconocida trayectoria para dirimir controversias entre empleadores y empleados.

Consultada sobre la estrategia legislativa para introducir cambios sin que el proyecto vuelva al Senado, indicó que lo conversó con Martín Menem y que buscarán una alternativa reglamentaria o una norma complementaria que permita cerrar el texto en Diputados.

El debate sobre la reforma laboral y, en particular, sobre las licencias por enfermedad, se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el equilibrio entre derechos laborales y la sostenibilidad económica de las empresas. Según datos del Ministerio de Trabajo, en Argentina las licencias por enfermedad representan un porcentaje significativo del ausentismo laboral, con un impacto directo en la productividad y los costos empresariales. Por eso, el Gobierno busca limitar abusos sin perjudicar a quienes atraviesan enfermedades graves.

Históricamente, la legislación argentina ha garantizado el pago íntegro del salario durante las licencias médicas, pero la proliferación de certificados médicos falsos y el uso indebido de licencias prolongadas motivaron la necesidad de revisar el régimen. En 2022, se registraron más de 1.200 denuncias por certificados truchos, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, lo que generó alarma en sectores empresariales y sindicales.

La propuesta de Bullrich de crear juntas médicas en hospitales públicos y centros especializados busca profesionalizar y transparentar el proceso de verificación, evitando la judicialización de los casos y promoviendo un diálogo directo entre empleadores y trabajadores. "Queremos que la salud no sea un campo de batalla política ni económica, sino un espacio de respeto y verdad", afirmó la senadora.

Por otro lado, la reforma laboral en general ha sido objeto de críticas por parte de sindicatos y organizaciones de derechos laborales, que advierten sobre posibles retrocesos en conquistas históricas. Sin embargo, sectores empresariales y algunos analistas destacan que la actualización de normativas es necesaria para adaptarse a la realidad económica actual y fomentar la generación de empleo formal.

En cuanto a la estrategia legislativa, la intención de introducir modificaciones sin que el proyecto regrese al Senado refleja la urgencia de cerrar el debate y evitar demoras que puedan afectar la implementación de la reforma. La búsqueda de normas complementarias o reglamentarias es una práctica común en el Congreso para agilizar procesos y responder a demandas sociales.

Finalmente, expertos en derecho laboral señalan que la clave estará en el equilibrio entre control y protección. Como explicó la abogada laboralista María Fernández: "La reforma debe garantizar que quienes realmente necesitan licencia por enfermedad no pierdan derechos, pero también debe evitar el fraude que perjudica a toda la sociedad". En ese sentido, la propuesta de Bullrich podría ser un paso hacia un sistema más justo y eficiente.