El Gobierno minimizó el impacto de la postura de Estados Unidos en la ONU, donde la representante de Donald Trump pidió disolver el Comité Especial de Descolonización, el foro donde la Argentina lleva cada año su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. El planteo de Washington se produjo en la Cuarta Comisión de la Asamblea General, donde se discuten iniciativas en materia de Política Especial y de Descolonización. Allí, la representante de la Casa Blanca pidió que se pusiera fin al mandato del organismo, al que cuestionó por haber “sobrevivido a su propósito original” y considerar a algunas de sus actividades “un despilfarro de recursos”.

El Comité Especial (C-24) fue creado en 1961 y supervisa la situación de los 17 territorios no autónomos, de los cuales el Reino Unido administra diez. Entre ellos Malvinas. En junio, el canciller Pablo Quirno denunció en ese escenario la “militarización” británica y la “explotación unilateral de los recursos naturales” en las islas.

Pese a tratarse del foro que insta cada año al Reino Unido a retomar las negociaciones por el archipiélago, en Balcarce 50 desestimaron que la postura norteamericana atente contra el reclamo argentino. “La posición del comité no ha servido para recuperar las islas…”, replicó a TN una fuente con acceso al despacho presidencial. Para Estados Unidos, el Comité de Descolonización quedó obsoleto, ya que “actúa como si nada hubiera cambiado” y vuelve a examinar los mismos textos cada año pese a que más de 80 antiguas colonias ya se incorporaron como Estados miembros de Naciones Unidas. En el debate en la ONU, la funcionaria norteamericana también cuestionó sus viajes anuales a “centros turísticos” del Caribe y el Pacífico Sur, que calificaron como “un derroche de tiempo y recursos de la ONU”.

El mensaje de Washington se alinea con la política de la administración de Donald Trump de recortar fondos y personal de la ONU, una mirada que también fue ratificada por Milei en sus últimas intervenciones en la Asamblea General. “Han montado un leviatán burocrático, abocado a decidir cómo deben vivir los pueblos del mundo y sus ciudadanos”, cuestionó semanas atrás en Nueva York. Allí, el Presidente también criticó la inacción del organismo ante la ocupación británica en Malvinas: “¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad? No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias, porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos, pierde lo más importante: su autoridad".

La discusión por las sanciones en medio del conflicto por Sea Lion En el mismo debate de la Cuarta Comisión de la ONU, la representante de Estados Unidos rechazó la iniciativa impulsada por Rusia en torno a “cómo abordar las formas contemporáneas de colonialismo”. Entre los principales ejes de discusión que tiene el texto, que fue aprobado por el Comité con 85 votos a favor, 49 en contra y 23 abstenciones, este plantea que el colonialismo persiste en “formas y prácticas contemporáneas” como el uso de “medidas económicas, financieras o comerciales unilaterales que no se ajustan al derecho internacional ni a la carta orgánica de la ONU”. En ese contexto, Estados Unidos defendió durante el debate las sanciones, los controles a las exportaciones y las decisiones comerciales soberanas como “instrumentos legítimos de la política estatal”.

La postura refleja la política exterior de Donald Trump, que durante su mandato se valió de sanciones económicas y amenazas de aumentar los aranceles para ejercer presión en sus negociaciones bilaterales. “Toda nación tiene derecho a elegir a sus socios comerciales y a responder a las amenazas”, agregó la representante norteamericana. Se trata de una discusión de interés para la Argentina -que se abstuvo en la votación-, en medio de la escalada con Londres por el proyecto petrolero Sea Lion. Para frenar la explotación de sus recursos naturales en el archipiélago, el Gobierno pidió la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y envió al Congreso un proyecto de Ley de Soberanía que prevé sanciones para empresas vinculadas con la explotación petrolera en la zona.

Según informó TN, compañías estadounidenses transmitieron al Gobierno sus inquietudes por el alcance de algunos artículos. Si bien el argumento podría ser leído en favor de la iniciativa argentina contra las empresas que actúan sobre Malvinas, en Balcarce 50 aseguraron que la defensa estadounidense de las sanciones como método de soberanía está estrictamente ligado a su disputa con Rusia. “Nada que ver con nosotros”, ratificaron. Aun así, en la Cancillería siguen de cerca el pronunciamiento norteamericano y todavía no hubo una respuesta oficial.