Una investigación periodística publicada este domingo por el diario británico The Express sacó a la luz documentos que vinculan al actual primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, con la implementación y supervisión del uso de los Avisos de Advertencia por Secuestro Infantil (CAWN) durante su gestión como director de la Fiscalía de la Corona (CPS). Estos avisos, que carecen de fuerza legal coercitiva, habrían permitido que sospechosos de delitos sexuales contra menores evitaran procesos penales formales, recibiendo solo una advertencia escrita.

El sistema CAWN, en uso desde principios de la década del 2000, se ha convertido en un mecanismo controvertido dentro del aparato judicial británico. Entre 2008 y 2025, se emitieron al menos 13.000 de estas notificaciones en todo el Reino Unido, según datos oficiales. El periodista Zak Garner-Purkis, experto en temas de justicia juvenil, advirtió que estas cartas generan "una peligrosa ilusión de que algo se está haciendo", aunque en realidad no garantizan protección ni sanción efectiva. Además, su redacción puede ser realizada por oficiales policiales de bajo rango, lo que facilita su uso como una herramienta para evitar procesos judiciales complejos.

Durante la etapa de Starmer al frente de la CPS, un informe oficial sobre violencia contra mujeres y niñas de 2010-2011, que él mismo supervisó y firmó, menciona explícitamente su rol en "bocetar y acordar" el uso de estas notificaciones con las fuerzas policiales. Fuentes internas revelaron que estas advertencias llegaron incluso a manos de sospechosos de violación infantil, lo que generó alarma y críticas entre expertos y activistas.

La detective retirada Maggie Oliver, reconocida por su trabajo en la desarticulación de redes pedófilas en Rochdale, denunció que estas cartas se usaban para "sacarse trabajo de encima". En su experiencia, casos con múltiples abusadores terminaron con simples advertencias en lugar de cargos penales. "Esperaba múltiples cargos por violación contra posiblemente docenas de hombres. Pero en lugar de eso, advirtieron a un par de hombres bajo las notificaciones CAWN", afirmó Oliver, quien calificó la práctica como una grave falla institucional.

Un caso emblemático que ilustra las consecuencias de esta política es el de Georgie Boxall, una adolescente que murió a los 17 años por una sobredosis facilitada por un hombre que la había abusado desde que tenía 13. A pesar de que la policía le había entregado dos avisos de advertencia para prohibir el contacto, el agresor nunca fue procesado por delitos sexuales. Su madre, Susan Boxall, responsabilizó directamente a Starmer: "Tiene sangre en sus manos", declaró en una entrevista, subrayando la ineficacia de las medidas implementadas durante la gestión del actual primer ministro.

El Gobierno británico rechazó las acusaciones mediante un portavoz de Downing Street 10, quien defendió que estas cartas "actúan como una primera línea de defensa para mantener a los jóvenes a salvo y suelen ser parte de investigaciones en curso". Además, recordó que Starmer logró las primeras condenas contra bandas de captación infantil hace más de una década y que bajo su actual mandato se alcanzaron niveles récord en sentencias por delitos sexuales.

El debate político se intensificó con críticas desde la oposición. Zia Yusuf, vocero de Reform UK, calificó la posición de Starmer como "completamente insostenible" tras las revelaciones. Por su parte, Nick Timothy, secretario de Justicia del Partido Conservador, exigió una investigación exhaustiva para determinar si las políticas de la CPS bajo Starmer contribuyeron a un "fracaso" en la protección de menores.

Este escándalo se enmarca en un contexto más amplio de revelaciones sobre abusos sexuales y encubrimientos en el Reino Unido, impulsadas por la desclasificación progresiva de archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein. Entre los nombres vinculados a estas investigaciones figuran figuras poderosas como el expríncipe Andrés y, según algunas fuentes, el propio Keir Starmer, lo que añade una dimensión política y social compleja a la controversia.

Para poner en perspectiva, en la última década el Reino Unido ha registrado un aumento del 20% en denuncias por delitos sexuales contra menores, mientras que las condenas efectivas han mostrado un crecimiento más modesto, lo que alimenta el debate sobre la eficacia de las políticas judiciales y policiales en la materia.

Como resumen, la polémica en torno a Keir Starmer no solo cuestiona su pasado como fiscal, sino que también pone en el centro del debate la necesidad de reformas profundas en la protección de la infancia y la justicia penal en el Reino Unido. Como dijo Maggie Oliver, "no se puede proteger a los niños con cartas que no tienen poder legal".