Los jueces se declararon en “estado de máxima alerta” ante la inminente aprobación de la reforma laboral. Sostienen que dispone la disolución del fuero nacional del trabajo al transferir sus competencias a la ciudad de Buenos Aires. Denuncian que el artículo 91 elimina el fuero laboral nacional y remueve jueces. La reacción de fiscales, abogados y empleados judiciales. Los jueces se declararon en “estado de máxima alerta” ante la inminente aprobación de la reforma laboral. Sostienen que dispone la disolución del fuero nacional del trabajo al transferir sus competencias a la ciudad de Buenos Aires. La Asociación de Magistrados (AMFJN) calificó el proyecto como “un claro intento de disciplinar a jueces y funcionarios”, y no descartan presentar una demanda para que lo resuelva la Corte Suprema. Por su lado, los empleados judiciales convocaron para el martes 24 de febrero a un paro con movilización a Tribunales para reclamar la garantía en defensa del fuero laboral. El eje del conflicto es el artículo 91 del proyecto de reforma laboral, que aprueba el “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Desde el oficialismo sostienen que la reforma permite concretar la autonomía porteña dispuesta en la Constitución de 1994, saldando una deuda institucional. Para el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, el traspaso tiene un objetivo claro: “Con esta medida se termina la persecución sistemática a los empleadores". Sin embargo, para los jueces nacionales, el cambio solo servirá para desmantelar un fuero con una larga tradición de protección de los derechos del trabajador. El acuerdo suscripto entre Nación y CABA establece un plazo de 180 días para seleccionar nuevos jueces y garantizar la infraestructura necesaria para el traspaso. Las causas nuevas tramitarán en la Justicia porteña, mientras que los expedientes previos continuarán en la Justicia Nacional hasta agotar la doble instancia. La medida implica el cierre inmediato de 30 juzgados laborales nacionales que hoy están vacantes y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El proyecto de Reforma Laboral puntualiza que el fuero Contencioso Administrativo se ocupará de conflictos en convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas, o disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo. En tanto, la justicia de Trabajo porteña tendrá competencia territorial en las causas entre trabajadores y empleadores basándose en el lugar del trabajo, el lugar de celebración del contrato, o el del domicilio del empleador. El presidente de la AMFJN, el juez federal Andrés Basso, le pidió al Congreso que elimine el artículo 91 de la Reforma Laboral que habla del cierre de un fuero entero de Justicia Nacional. Advirtió que “desde el punto de vista institucional estamos por sentar un precedente muy peligroso si un gobierno puede eliminar un fuero judicial a su absoluto arbitrio o discreción”. Basso explicó que “tarde o temprano el fuero laboral perderá jurisdicción ante el no ingreso de nuevos expedientes. Esta situación importará el cese y disponibilidad de sus jueces y trabajadores. Vaciar de jurisdicción a un juez equivale a removerlo”. En esa línea concluyó que el traspaso de competencias “implica una indiscutible afectación a las garantías constitucionales: a los jueces la garantía de inamovilidad y empleados la estabilidad en el empleo público”. Recordó que los magistrados sólo pueden ser removidos por causales previstas en el artículo 110 de la Constitución Nacional. La Asociación de Magistrados estudia presentar una denuncia en los tribunales contencioso administrativos cuando el proyecto de Modernización Laboral se convierta en Ley incluyendo el artículo 91, un proceso que en última instancia quedará en manos de la Corte Suprema. Desde la Asociación de Fiscales (AFFUN) rechazaron el traspaso "intempestivo", señalando que genera incertidumbre sobre las causas en trámite y la situación de los empleados. El fiscal Ricardo Toranzos señaló que “la seguridad jurídica es un valor que se sustenta en la previsibilidad y en la maduración de una planificación integral que afecte el sistema republicano”. Por su parte, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal exigió que cualquier actualización normativa se ajuste estrictamente a los límites constitucionales. La Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) convocó a un paro y movilización para el martes 24 de febrero a las 11 horas frente a Tribunales. El gremio busca defender la estabilidad de los trabajadores y evitar que se desmantele la justicia que debe controlar los alcances de la propia reforma. El titular del gremio afirmó a A24.com que el propósito del traspaso es evitar que la justicia del trabajo pueda revertir los alcances de la ley que impulsa el Gobierno.