Tras la masiva movilización federal, el conflicto por las universidades se desplazó de las calles al cuarto piso de Tribunales. Con la Ley de Financiamiento Universitario en manos de la Corte Suprema, el Gobierno de Javier Milei aplica una doble estrategia: mantiene los fondos congelados bajo un «plan de dilación» mientras libera partidas millonarias para el funcionamiento del Poder Judicial. La administración nacional optó por una resistencia pasiva: no habrá movimientos de fondos hasta que el máximo tribunal se pronuncie.

Un colaborador oficial definió la maniobra como su «principal aliada: la dilación», en diálogo con Infobae. Sin embargo, en el ámbito judicial advierten que los temas de alto impacto político suelen subir con rapidez hacia la cúpula, donde los tiempos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz marcarán el ritmo fiscal de la gestión. Guerra de auditorías: el «Superclásico» entre Karina Milei y Santiago Caputo Lo que en la superficie se presenta como una mesa de trabajo unificada es, en la práctica, una «paz artificial».

El enfrentamiento entre Karina Milei y el estratega Santiago Caputo es total y se libra mediante nombramientos y filtraciones de auditorías: La designación de Sebastián Pareja para fiscalizar organismos de inteligencia golpeó un área sensible para Caputo. En paralelo, se revelaron informes sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con sobreprecios de hasta el 1000% en insumos médicos durante la gestión de Diego Spagnuolo, cercano a la Secretaria General y Manuel Adorni nuevamente se volvió protagonista por un alquiler en dólares. Esto generó un choque entre el blindaje de los hermanos Milei y las exigencias de explicación de Patricia Bullrich.

Fondos para la Corte: ¿motosierra o trato preferencial? Mientras la «motosierra» aplica recortes severos en salud y educación, el Gobierno mostró flexibilidad presupuestaria con el Poder Judicial. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, se liberaron partidas clave: - $43.500 millones destinados a salarios en el Consejo de la Magistratura. - $22.000 millones para equipamiento informático de la Corte Suprema.

Este flujo de fondos ocurre mientras el Ejecutivo busca frenar la Ley de Emergencia en Discapacidad y aguarda el fallo universitario. La Casa Rosada sabe que su estabilidad hoy no depende del Congreso, sino de la botonera judicial que Karina Milei ha empezado a operar con creciente autonomía. Tras la masiva movilización federal, el conflicto por las universidades se desplazó de las calles al cuarto piso de Tribunales.

Con la Ley de Financiamiento Universitario en manos de la Corte Suprema, el Gobierno de Javier Milei aplica una doble estrategia: mantiene los fondos congelados bajo un "plan de dilación" mientras libera partidas millonarias para el funcionamiento del Poder Judicial.