El Gobierno de Javier Milei decidió escalar la disputa judicial por la reforma laboral y presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que intervenga de manera directa. La estrategia apunta a revertir la medida cautelar que frenó puntos clave de la ley, como la flexibilización de indemnizaciones, la extensión de la jornada laboral y las limitaciones a la actividad sindical. Un atajo judicial para evitar la Cámara El Ejecutivo optó por este mecanismo para evitar el paso por la Cámara Nacional del Trabajo, que debía revisar el fallo de primera instancia que suspendió más de 80 artículos de la norma.

Se trata de un recurso poco frecuente, utilizado en contadas ocasiones en los últimos años y reservado para casos de gravedad institucional. El planteo del Gobierno ante la Corte El escrito, elaborado por la Procuración del Tesoro, solicita que la Corte otorgue efecto suspensivo al recurso y restituya la vigencia plena de la Ley 27.802. Además, reclama la revocación de la cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, al que el Gobierno considera incompetente para intervenir en el caso.

Desde el oficialismo sostienen que la apelación vigente no suspende la aplicación de la norma y advierten que la intervención de la Corte es “el único camino eficaz para evitar un daño mayor”. Críticas al proceso judicial El documento incluye cuestionamientos al trámite de la causa y denuncia supuestas irregularidades en el proceso. Entre ellas, el Ejecutivo menciona dificultades para acceder al expediente, notificaciones incompletas y plazos que considera insuficientes para ejercer su defensa.

También cuestiona la rapidez con la que el juez modificó parcialmente la cautelar pocos días después de dictarla, lo que, según el Gobierno, refleja “premura” en la decisión. La ofensiva contra la CGT Otro de los ejes del planteo oficial es la legitimidad de la demanda impulsada por la Confederación General del Trabajo. El Gobierno cuestiona que la central obrera haya actuado en representación del conjunto de los trabajadores sin demostrar una afectación concreta, y sostiene que su presentación se apoya en “afirmaciones dogmáticas” sin sustento jurídico suficiente.