La Justicia federal avanzó en la investigación sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al analizar los gastos realizados por su familia durante viajes a Brasil e Iguazú, cuando el funcionario se desempeñaba como vocero presidencial. Según los datos recopilados en la causa por medios locales, uno de los viajes tuvo lugar el 12 de julio de 2024 a Río de Janeiro, donde se registraron consumos por US$1.474 y más de $1,2 millones. En tanto, en octubre de 2025, la familia realizó un viaje a Iguazú con gastos en pasajes, compras en free shop y otros consumos que elevaron el total de la operatoria.

Gastos bajo la lupa judicial La investigación, que se tramita en el juzgado de Ariel Lijo y con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar si el nivel de vida del entorno familiar es compatible con los ingresos declarados por el funcionario. En ese contexto, los consumos detectados se suman a otros gastos relevantes, como los US$14.696 correspondientes a un viaje a Aruba entre fines de 2024 y comienzos de 2025, incluyendo alojamiento y pasajes. Además, la causa incorpora movimientos en dólares y operaciones inmobiliarias, que también están siendo analizadas por la fiscalía.

Propiedades, deudas y movimientos financieros Entre los puntos bajo estudio figura la compra de un departamento en el barrio de Caballito por US$230.000, financiado en gran parte mediante una hipoteca. También se investiga un pago de US$30.000 vinculado a esa operación y una deuda adicional de US$65.000 por refacciones. En paralelo, la Justicia analiza la adquisición de una vivienda en un country por US$120.000, en la que parte de los fondos provendrían de otra hipoteca previa.

De acuerdo con la reconstrucción financiera, Adorni realizó pagos parciales de sus obligaciones, aunque parte de la deuda continúa vigente. Pericia clave para definir la situación Como siguiente paso, una vez reunida toda la documentación, la Justicia ordenará una pericia contable integral para determinar el flujo de ingresos y egresos del funcionario y su entorno. El objetivo central es establecer si el incremento patrimonial registrado en los últimos años se corresponde con los ingresos declarados o si existen inconsistencias que ameriten avanzar en la causa.