En medio de una batalla legal, una empresa petrolera de Texas comenzó a bombear crudo a través de un oleoducto que corre a través de un valle de California. El petróleo procede de pozos ubicados en el océano Pacífico, frente a las costas de Santa Bárbara. Siguiendo una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, el secretario de Energía, Chris Wright, ordenó en marzo a la petrolera Sable Offshore que restablezca las operaciones de la Unidad Santa Ynez y el Sistema de Oleoductos Santa Ynez en California.

La compañía, con sede en Houston, llevaba años intentando comenzar el bombeo de millones de barriles de crudo obtenidos por sus tres plataformas. La orden de Wright le allanó el camino, pero el fiscal general de California, Rob Bonta, presentó un recurso para impedir las operaciones. Jim Flores, presidente de la petrolera Sable, declaró al New York Post: “Nos enorgullece anunciar la venta de crudo a Chevron a través del sistema de Santa Ynez.

De esta manera, suministramos petróleo procedente de suelo estadounidense a través de un oleoducto estadounidense, a una refinería nacional, para los consumidores de nuestro país”. ¿Cuál es el conflicto entre la petrolera y California? Pero la venta de crudo, que comenzó el pasado 29 de marzo, podría durar poco.

El fiscal general asegura que “el permiso de emergencia que permitió volver a bombear el petróleo expiró recientemente y está siendo impugnado por el Departamento de Justicia de California, al igual que la reclasificación de los oleoductos como interestatales”. La compañía Sable opera las plataformas Hondo, Harmony y Heritage, ubicadas en aguas federales, frente a la costa de Santa Bárbara. Estas serían las reservas de crudo más grandes ubicadas cerca de California.

La producción, que ronda los 60.000 barriles diarios, pequeña para el total nacional, sería significativa para el estado. El Departamento de Energía (DOE) asegura que la reactivación del oleoducto de Santa Ynez "supone un aumento del 15% en la producción de California, lo que sustituirá a casi 1,5 millones de barriles importados por mes". El representante republicano Vince Fong asegura, en el mismo artículo del New York Post, que “la crisis energética que atraviesa California se debe a malas políticas del gobernador Gavin Newsom”.

Dice que el estado depende cada vez más del crudo importado porque Newsom ha impuesto tasas y normativas que encarecen la gasolina. El estado cobra el impuesto al combustible más elevado del país ($0,61 por galón). Al sumarse los impuestos federales, los californianos pagan casi $0,9 por galón solo en impuestos (en Los Ángeles, el galón ha llegado a costar $6).

Además de los impuestos elevados, los críticos de Newsom dicen que la producción ha sido perjudicada por estrictas normas medioambientales como una ley de 2023 que limita los precios de las refinerías. En mayo de 2025, después de una década, el petróleo de la plataforma Harmony comenzó a fluir hasta tanques de almacenamiento, a la espera de la aprobación para reiniciar el traslado por el oleoducto. El 13 de marzo de 2026, Trump emitió la orden ejecutiva que autorizaba el transporte.

En diciembre de 2025, la Administración de Seguridad de Materiales Peligrosos y Oleoductos (PHMSA, por sus siglas en inglés), había cambiado la clasificación del Sistema de Santa Ynez como de jurisdicción “interestatal", para obtener la supervisión regulatoria, que estaba a cargo de California. El 22 de diciembre, aprobó el plan de Sable para reiniciar la producción basándose en la orden ejecutiva de Emergencia Energética Nacional del presidente que sería impugnada por Bonta. El fiscal general también impugnó la Orden de Priorización y Asignación de Capacidad de Oleoductos emitida por el secretario Wright Bonta argumenta que la PHMSA carece de jurisdicción para emitir un permiso especial porque los oleoductos son intraestatales y, por lo tanto, están sujetos a la regulación estatal por parte de la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado (OSFM por sus siglas en inglés).