La discusión sobre la prisionización desde la lactancia y la precarización laboral de los trabajadores de plataformas digitales (apps) revela un profundo déficit en la atención a los derechos y necesidades de los sectores más vulnerables, especialmente la niñez. En Argentina y otras regiones del Cono Sur, estos temas no solo reflejan problemáticas sociales sino también políticas, donde la falta de políticas públicas integrales expone a los niños y jóvenes a riesgos que podrían evitarse con voluntad política y recursos adecuados.

En contraste, varios países europeos y de la OCDE han implement marcos legales y sociales que priorizan el interés superior del niño, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Por ejemplo, en Noruega y Finlandia, la inversión en programas de apoyo a la primera infancia y la protección social ha demostrado reducir significativamente la pobreza infantil y mejorar los indicadores de desarrollo. Según UNICEF, en estos países la tasa de pobreza infantil ronda el 5%, mientras que en Argentina supera el 50% según datos del INDEC de 2023.

La tecnoligarquía, entendida como el poder concentrado en empresas tecnológicas que dominan el mercado laboral digital, ha generado nuevas formas de precarización laboral. Los trabajadores de apps, en su mayoría jóvenes, enfrentan condiciones de empleo inestables, sin acceso a seguridad social ni derechos laborales básicos. Esta situación impacta indirectamente en la niñez, ya que muchas de estas personas son padres o madres que no pueden garantizar un entorno seguro y saludable para sus hijos. Como señaló la socióloga Mariana Rossi, "la precarización laboral digital es un fenómeno que reproduce y amplifica las desigualdades sociales, afectando especialmente a las familias con menores recursos".

Además, la prisionización desde la lactancia, es decir, el encarcelamiento de mujeres con hijos lactantes, representa una violación grave al derecho del niño a crecer en un ambiente familiar y protegido. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que esta práctica no solo vulnera derechos humanos básicos sino que también perpetúa ciclos de pobreza y exclusión social. En Argentina, la ley 26.879 establece la protección especial para madres y niños en contexto de encierro, pero su aplicación es insuficiente y desigual.

El desafío para los gobiernos latinoamericanos es entonces articular políticas que integren la protección social, la regulación laboral y la garantía de derechos para la niñez. Esto implica no solo sancionar leyes sino también destinar recursos y diseñar programas efectivos que atiendan las causas estructurales de la vulnerabilidad infantil. En palabras de la directora del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, "sin un compromiso real y sostenido, cualquier discurso sobre el interés superior del niño queda en letra muerta".

Finalmente, la comparación internacional muestra que no es una cuestión de recursos únicamente, sino de prioridades políticas y culturales. Mientras algunos países avanzan en reconocer y proteger a sus sectores más débiles, otros continúan relegándolos a la marginalidad, con consecuencias que se reflejan en la salud, educación y desarrollo integral de las nuevas generaciones. La tecnoligarquía y la precarización laboral son fenómenos globales, pero su impacto sobre la niñez puede mitigarse con políticas públicas inclusivas y un compromiso ético genuino.