El reciente viaje de la comitiva argentina a Estados Unidos dejó una imagen que despertó fuertes cuestionamientos. En ese contexto, el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, quedó envuelto en una situación incómoda que lo tuvo como protagonista y que rápidamente se trasladó al terreno del debate público. Durante una de sus declaraciones, el funcionario sostuvo: “Sobre mi vida privada yo no hablo”.

Sin embargo, esa afirmación introduce una cuestión que no puede pasar inadvertida. Los funcionarios o dirigentes políticos son, por definición, las figuras públicas con menor expectativa de privacidad. El ejercicio de una función pública –o incluso la aspiración a ocupar un cargo político– expone inevitablemente a quien lo desempeña a la atención y al escrutinio de la sociedad.

Este criterio no es meramente una opinión política o periodística; también ha sido sostenido por la jurisprudencia. Nuestro Máximo Tribunal ha señalado que el ámbito de protección de la vida privada de los funcionarios públicos es más limitado, ya que ciertos datos vinculados con ellos “son de innegable interés público en tanto permiten conocer aspectos relevantes sobre las personas que tienen a su cargo la gestión de los asuntos del Estado”. (CSJN “Garrido, Carlos Manuel c/ EN – AFIP s/ amparo ley 16.986 sentencia de fecha 21 de junio de 2016). En la misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que “[…] [E]l actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas (…).

El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. (…)”. De este modo, el diferente umbral de protección de la vida privada no se fundamenta en la calidad personal del sujeto, sino en el interés público que rodea sus actividades. Aquellas personas que influyen en asuntos de relevancia pública se exponen voluntariamente a un escrutinio más intenso y, en consecuencia, a un mayor nivel de crítica.

Como lo ha señalado la propia jurisprudencia interamericana, sus acciones dejan de pertenecer exclusivamente al ámbito privado para incorporarse al debate público. (párr. 129, Corte Interamericana De Derechos Humanos Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica Sentencia de 2 de Julio De 2004). En definitiva, quienes ejercen funciones públicas están sometidos a un control ciudadano más exigente.

No se trata de un privilegio ni de una persecución, sino de una condición inherente al poder. Los funcionarios deben cumplir las reglas y respetarlas, porque no son titulares de prerrogativas personales ni gozan de impunidad: son, en esencia, servidores públicos y, como tales, se encuentran inevitablemente expuestos al debate de la sociedad. *Abogado especialista en derecho constitucional y derechos humanos @diegoarmesto.