En el ingenio La Fronterita, ubicado en el departamento de Famaillá, en Tucumán, llevaron al paroxismo la complicidad civil con la última dictadura. Allí, en el predio de la fábrica, el Ejército instaló una base militar que funcionó como centro clandestino durante el Operativo Independencia, en 1975, y al menos hasta fines de 1977. Esa base militar estaba ubicada a pocos metros de la casa del entonces administrador Jorge Alberto Figueroa Minetti.

El ingenio puso su estructura en función de la maquinaria de terror. Por eso cedió otros espacios a las Fuerzas Armadas, que también se usaron como lugares de detención y tortura. La causa que investiga la responsabilidad empresarial lleva más de diez años dando vueltas en la justicia tucumana.

Y no es uno más: es el primero en esa provincia que busca juzgar la complicidad empresarial en el terrorismo de Estado. El miércoles pasado, luego de muchos retrasos, iba a empezar el juicio que juzgaría a Figueroa Minetti y Eduardo Buttori, administrador y miembro del directorio, por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 68 víctimas. No pudo ser.

A sólo 24 horas del inicio, el Tribunal Oral Federal de Tucumán suspendió el comienzo del debate oral porque pidieron una nueva pericia sobre el estado de salud de Figueroa Minetti y ahora deberá intervenir el Cuerpo Médico Forense. El inicio del juicio quedó postergado sin fecha. “Esta decisión implica un nuevo obstáculo en la búsqueda de justicia. Y coloca la causa al borde de lo que denominamos la impunidad biológica, consecuencia de las fallas estructurales del poder judicial argentino en el proceso de memoria, verdad y justicia”, advirtieron desde Andhes, un organismo de derechos humanos con base en el noroeste.

Para la entidad, la postergación resulta especialmente grave en un proceso atravesado por el paso del tiempo y sus consecuencias. “Inicialmente fueron seis los empresarios imputados en la causa. Sin embargo, debido a la demora durante décadas, tres de ellos fallecieron y uno fue apartado por razones de salud antes de llegar al debate oral”, señalaron en un comunicado. Andhes es querellante en la causa, representan a familiares de víctimas.

Entre ellos, a los de Fidel Jacobo Ortiz, trabajador y dirigente gremial del ingenio, secuestrado y desaparecido. La investigación contra los administradores y socios de la empresa comenzó en 2015, pero tomó fuerza luego del juicio por el Operativo Independencia, cuando declararon muchas víctimas de La Fronterita. En 2018 se tomaron las indagatorias a cuatro empresarios que formaron parte del directorio entre 1975 y 1978.

En 2021 fueron procesados. Ya el informe de la CONADEP denunciaba que, a 300 metros de La Fronterita, sobre un camino cercano, se hallaba una construcción denominada “Los conventillos”. Se trataba de unas viviendas que habían sido utilizadas por trabajadores temporarios de ese establecimiento y que fueron utilizadas como centro clandestino.

La existencia de este lugar también había quedado probada en el informe elaborado por la Comisión Bicameral Provincial que, entre 1984 y 1985, recibió denuncias de familiares y luego las presentó ante el Poder Judicial. Muchos sobrevivientes también mencionaron como lugares ilegales de detención dentro del predio al “Comando de Laguna”, donde se alojaban los oficiales, y el “Tambo”, en el que permanecían las tropas. De acuerdo a las pruebas testimoniales y documentales, los ex directivos de La Fronterita no sólo cedieron las instalaciones del ingenio para el Ejército: colaboraron activamente con logística y autorizaron a los militares a ejercer control del ingenio.

Aportaron vehículos a los uniformados y entregaron al Ejército información sobre obreros y empleados a los fines de la inteligencia militar. La Fronterita está apenas a seis kilómetros de la Escuelita de Famaillá, donde funcionó el primer centro clandestino del país. “El Ejército, se apostó en los alrededores del ingenio, a unos 500 metros de la fábrica, en dirección a las colonias, los barrios creados para alojar a los trabajadores y sus familias. También cerca de los conventillos utilizados por los obreros golondrinas.

Una forma de ejercer control y generar terror”, relatan Rodrigo N. Scrocchi y Sebastián L. Pisarello en “Legados de impunidad”, un dossier sobre empresas y derechos humanos.