El intento de la defensa de Richard Salazar por aliviar su situación procesal en relación con el crimen cometido en octubre pasado en El Bolsón en medio de una pelea por drogas fracasó una vez más en el intento de torcer la acusación inicial por el homicidio que niega haber cometido. Al cabo de dos nuevas audiencias realizadas esta semana, el defensor Hugo Cancino no logró torcer el rumbo de la causa. El juez de garantías César Lanfranchi resolvió el lunes pasado que el acusado continúe en prisión preventiva hasta el próximo 2 de junio y hoy, en una audiencia de revisión, el juez Martín Arroyo ratificó la medida cautelar y desechó la hipótesis de un homicidio en legítima defensa “privilegiada”.

Salazar está acusado de haber atacado y dado muerte a Julián Salvo de varias puñaladas en un hecho ocurrido en octubre de 2025. Salvo y otro sujeto habían acudido en horario nocturno al domicilio de Salazar a comprar drogas, hubo una riña, y según la fiscalía la agresión mortal se produjo en la esquina de Las Heras y Cacique Linares, a 20 metros de la vivienda. Cancino desplegó una batería amplia de argumentos para desligar a Salazar de la autoría del crimen y buscar el levantamiento de la prisión preventiva o su “morigeración”.

Dijo que “la teoría fiscal no tolera un contraste serio con las evidencias incorporadas” y sostuvo que la prisión preventiva que cumple el acusado desde hace seis meses “no se puede sostener como si la hipótesis fuera limpia y corroborada”. Según su teoría del caso, Salvo y su acompañante ingresaron “saltando el cerco” a la casa de su defendido, intentaron abrir el baúl de su auto y se trabaron en una pelea. Cancino cuestionó el relato del principal testigo de cargo, quien dijo haber visto a Salazar aplicar “planazos” con un arma blanca a Salvo, pero no los puntazos que resultaron mortales, uno de ellos por la espalda.

Señaló también que otros testigos aseguraron no haber visto un arma en su poder ni que la pelea se haya trasladado a la esquina. Para Cancino, “el dato central es el ingreso ilegítimo a la vivienda, de madrugada y a los gritos, en busca de drogas”. Agregó que ese dato fue soslayado por el juez de garantías y “justificado por la actividad atribuida al imputado”, lo cual a su entender “no neutraliza la protección de su domicilio.

Defendió la inocencia de Salazar y pidió el levantamiento de la prisión preventiva, luego de desmentir que haya “presionado” a testigos desde la cárcel, incluida la supuesta inducción a un menor, familiar suyo, para que se haga cargo del homicidio. “Es un trascendido carcelario de oídas, no probado”, aseguró. El fiscal Francisco Arrien defendio los aportes del testigo principal del hecho, quien afirmó que Salvo “fue ultimado por Salazar, en la esquina”. Dijo que la “verosimilitud del derecho” para la etapa actual de la investigación está “plenamente acreditada”.

Se opuso en consecuencia a modificar la prisión preventiva. Lo mismo sostuvo el abogado querellante Leandro Cortés, quien subrayó que la víctima sufrió 14 lesiones de arma blanca, inclusos varias “defensivas”, mientrsa que Salazar no presentó ninguna lesión, con lo cual no había margen posible para hablar de legítima defensa. Señaló que la evidencia en contra del imputado es “abrumadora” y que el relato del testigo presencia de apellido Jaque “alcanza y sobra” para sostener la acusación.

Revés para la defensa El juez Arroyo reconoció que le tocaba resolver sobre un escenario inusual, caracterizado por un imputado “que dice que no cometió el delito que le atribuyen”, pero aclaró que en la investigación previa al juicio oral no hace falta certeza sino “probabilidad”. Rechazó las razones expuestas por la defensa y dijo que “el grado de sospecha está dado porque hay más de un testigo” que incrimina a Salazar, que dan cuenta de la pelea y lo vieron esgrimir un arma blanca. “Aunque no lo hayan visto asestar la puñalada es de sentido comun que pudo ser Salazar quien provocó la herida compatible con el arma -sostuvo el juez-. Decir otra cosa sería hacer un análisis más profundo, propio de un juicio”.

Se definió entonces por mantener la prisión preventiva del imputado por los próximos dos meses y dijo que los riesgos procesales existen por “el grado de conocimiento y llegada que tiene con varios de los testigos presenciales, vecinos y familiares”. Agregó que se trata de “un hecho cometido con violencia y existe la posibilidad de presionar o influir en los testigos”, por lo cual “se hace necesario” imponerle una restricción de la libertad. El intento de la defensa de Richard Salazar por aliviar su situación procesal en relación con el crimen cometido en octubre pasado en El Bolsón en medio de una pelea por drogas fracasó una vez más en el intento de torcer la acusación inicial por el homicidio que niega haber cometido.