La demanda colectiva contra la reforma de la Ley de Glaciares ya reúne 759.672 firmas en todo el país, en el marco de una campaña impulsada por organizaciones civiles que buscan frenar la implementación de la nueva normativa. La iniciativa apunta a declarar la inconstitucionalidad de las modificaciones introducidas a la Ley 26.639, al considerar que implican un retroceso en la protección ambiental, especialmente sobre los cuerpos de hielo y zonas periglaciares. Objetivo: llegar al millón de adhesiones Tras superar la meta inicial de 500.000 apoyos, las organizaciones impulsoras —entre ellas la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace— redoblaron la apuesta y buscan alcanzar un millón de firmas.

Para lograrlo, restan reunir poco más de 240.000 adhesiones adicionales, que se canalizan a través de una plataforma digital abierta al público. Desde los espacios convocantes aclaran que la firma no implica obligaciones legales individuales, sino que funciona como un respaldo ciudadano al reclamo presentado ante la Justicia federal. Los argumentos contra la reforma La presentación judicial sostiene que la reforma es “inconstitucional e inconvencional”, y cuestiona cambios clave en los criterios de protección ambiental.

Uno de los puntos centrales es que la nueva normativa condiciona la preservación de glaciares y áreas periglaciares a la verificación de una “función hídrica” relevante, lo que —según advierten especialistas— podría dejar zonas sin protección. Además, se plantea que la reforma vulnera el principio de no regresión ambiental, contemplado en acuerdos internacionales, al permitir que cada provincia determine qué áreas quedan excluidas del resguardo. También se cuestiona una pérdida de control técnico a nivel nacional, particularmente en relación con el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) en el Inventario Nacional de Glaciares.

Presentaciones judiciales y tensión federal En paralelo a la recolección de firmas, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó una medida cautelar en la Justicia federal para frenar la aplicación de la ley. El planteo advierte que la normativa podría afectar la seguridad hídrica de poblaciones ubicadas aguas abajo, en especial en cuencas que atraviesan más de una provincia. El contexto de la sanción La reforma fue aprobada esta semana en la Cámara de Diputados con 137 votos afirmativos, en un debate atravesado por tensiones entre desarrollo económico y protección ambiental.

Desde el oficialismo, se defendió la iniciativa bajo el argumento de otorgar mayor seguridad jurídica a las inversiones, especialmente en el sector minero, y de reforzar el dominio provincial sobre los recursos naturales.