La reciente resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro marca un precedente significativo en la relación entre la Justicia y la administración pública en materia de salud pública. El caso se originó a partir de un amparo presentado por una afiliada del Instituto Provincial de la Seguridad Social (Ipross), quien solicitaba la continuidad y actualización de la cobertura para el alojamiento en Buenos Aires, donde ella y su hija con discapacidad reciben tratamiento en el Hospital Italiano.

El conflicto judicial se centró en la modalidad de reintegros que el Ipross aplica para cubrir gastos de alojamiento fuera de la provincia. La afiliada reclamó que el monto diario reintegrado, fijado en $21.479 según resolución de agosto de 2024, era insuficiente frente a la inflación acumulada y los costos reales en la capital federal. El juez de primera instancia, Julián Fernández Eguía, ordenó un depósito mensual actualizado a $1.021.194,6 para garantizar la cobertura integral, decisión que fue apelada por la Provincia.

En su fallo, el STJ subrayó que la organización y funcionamiento del Ipross son competencias administrativas que escapan a la jurisdicción judicial. El juez Sergio Barotto, en representación del tribunal, señaló que "la Administración Pública tiene discrecionalidad para organizarse y establecer las modalidades de prestación", y que la intervención judicial en estos aspectos podría generar un precedente peligroso de judicialización de decisiones técnicas y administrativas.

Este criterio se alinea con la doctrina constitucional argentina que limita la intervención judicial en actos administrativos, salvo en casos de arbitrariedad o violación de derechos fundamentales. El Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, había dictaminado en igual sentido, destacando la necesidad de respetar los procedimientos administrativos y evitar demoras en los reintegros, pero sin que el Poder Judicial asuma funciones propias del Ipross.

El caso también pone en evidencia las dificultades que enfrentan los afiliados de obras sociales provinciales para acceder a prestaciones fuera de su jurisdicción, especialmente cuando se trata de tratamientos especializados y prolongados. Según datos oficiales, el Ipross atiende a más de 200.000 afiliados en toda la provincia, y maneja un presupuesto anual que supera los 15.000 millones de pesos, con un esquema complejo de reintegros y autorizaciones para prestaciones fuera de Río Negro.

En este sentido, especialistas en derecho administrativo y salud pública advierten sobre la necesidad de mejorar los canales administrativos para agilizar la cobertura y evitar conflictos judiciales que retrasan la atención. "La judicialización de la salud es un fenómeno creciente en Argentina, pero debe manejarse con equilibrio para no desbordar las competencias de cada poder del Estado", afirmó la abogada especialista en derecho sanitario, María Fernanda López.

Finalmente, el fallo del STJ, con la firma de Barotto, Ricardo Apcarian y Sergio Ceci, y las abstenciones de Cecilia Criado y Liliana Piccinini, reafirma la autonomía del Ipross y la importancia de respetar los procedimientos administrativos establecidos, dejando abierta la posibilidad de que la afiliada continúe su reclamo por la vía administrativa de excepción, sin que ello implique una intervención judicial directa en la gestión del instituto.