El Senado avanzó con la firma del dictamen para la reforma la Ley de Salud Mental, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que introduce cambios en los criterios de internación, amplía el abordaje de las adicciones y mantiene la prohibición de crear manicomios. La Libertad Avanza busca llevar el proyecto al recinto la próxima semana, luego de acordar modificaciones con bloques aliados que inicialmente cuestionaban la propuesta oficial. El despacho fue consensuado entre el oficialismo, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, Movimiento por Misiones y Moveré Santa Cruz, tras una serie de modificaciones destinadas a reunir los apoyos necesarios para avanzar con la iniciativa.

Entre los cambios centrales figura la posibilidad de disponer internaciones involuntarias ante situaciones de riesgo grave, además de un esquema de cooperación financiera entre la Nación y las provincias. Cómo funcionarán las internaciones involuntarias Uno de los principales puntos de la reforma es la modificación de los criterios para disponer una internación sin consentimiento de la persona. El proyecto establece que, ante una emergencia y cuando exista riesgo grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros, podrá intervenir un solo médico, sin que sea obligatorio que tenga especialización en psiquiatría.

La decisión deberá ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas. También se contempla la posibilidad de realizar teleconsultas con un psiquiatra para evaluar la situación clínica. Otro de los cambios establece que la internación deberá ser comunicada a la Justicia, en lugar de quedar supeditada a una autorización judicial previa, como planteaba el esquema que se busca modificar.

La propuesta incorpora, además, la obligación de contar con un plan de egreso desde el momento del diagnóstico. Para organizar la salida del establecimiento asistencial, deberán notificarse con anticipación las condiciones correspondientes al representante legal, cónyuge o conviviente, padres o hijos, según corresponda. Adicciones y atención de menores La reforma también amplía el alcance de la ley al incorporar las adicciones en general dentro del abordaje de la salud mental.

De esta manera, problemáticas como la ludopatía podrán ser contempladas dentro de las estrategias de tratamiento y atención. En relación con los menores de edad, el proyecto establece que deberán recibir asistencia de equipos con formación específica en salud mental infantojuvenil. Además, dispone que las internaciones de niños y adolescentes se realicen en espacios separados de los destinados a adultos.

Pese a las modificaciones, la iniciativa conserva la prohibición de crear manicomios, uno de los principios centrales de la legislación vigente que el Gobierno buscaba reformar. Cruces políticos por el alcance de la reforma Durante el debate, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, defendió los cambios y sostuvo que apuntan a fortalecer la prevención en situaciones de trastornos severos, especialmente cuando las personas no están en condiciones de tomar decisiones y existe peligro para ellas mismas o para terceros. La legisladora consideró que el nuevo enfoque permitiría intervenir antes de que las situaciones lleguen a instancias críticas y pidió acompañar el dictamen, al señalar que el oficialismo había escuchado las observaciones de distintos sectores.

Por su parte, Arrascaeta destacó que la propuesta fue discutida con más de 70 expositores convocados por legisladores de diferentes bloques. También mencionó la participación de las provincias y la elaboración de 16 informes vinculados con la problemática. Desde el justicialismo, el senador Jorge Capitanich pidió postergar el tratamiento para analizar en profundidad los cambios.

Advirtió que una reforma de esta magnitud requiere un consenso amplio con gobernadores y ministros de Salud, además de definiciones sobre el financiamiento y la disponibilidad de recursos humanos. En cambio, el senador Carlos Arce, de Movimiento por Misiones, respaldó el despacho y consideró necesarias las modificaciones para mejorar la atención en salud mental. Con el dictamen encaminado, el oficialismo buscará debatir la iniciativa en el recinto la próxima semana.

El desafío será sostener los acuerdos alcanzados y resolver las diferencias sobre los criterios de intervención, las responsabilidades del Estado y los recursos necesarios para implementar los cambios.