La causa que investiga una presunta organización transnacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación en Bariloche sumó un nuevo capítulo judicial. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez de garantías subrogante Gustavo Zapata resolvió extender por doce meses tanto la investigación penal preparatoria como la prisión preventiva del ciudadano ruso señalado como jefe del entramado. Konstantin Rudnev permanece detenido desde marzo de 2025 y está acusado de haber captado en su país de origen a una joven de 22 años, a quien trasladó a la Argentina en un contexto que la fiscalía encuadra como coercitivo.

La supuesta víctima cursaba un embarazo avanzado al momento de ser detectada en un hospital de la ciudad rionegrina. De acuerdo con el sitio fiscales.gob.ar, la decisión fue adoptada tras una audiencia realizada el 1° de abril, en la que la fiscalía expuso la complejidad del expediente y la necesidad de continuar con medidas de prueba aún pendientes. Entre ellas, se destacó el análisis de un volumen considerable de información digital secuestrada durante los allanamientos.

Uno de los puntos centrales es la pericia sobre dispositivos electrónicos que todavía no pudieron ser completamente examinados. En particular, se intenta acceder a un disco rígido de 8 terabytes que se encuentra cifrado, además de otros equipos con almacenamiento relevante. Según se explicó en la audiencia, actualmente no se cuenta con herramientas técnicas suficientes para desbloquear ese contenido.

A ese obstáculo se suma la necesidad de traducir documentación en distintos idiomas, una tarea que demandará varios meses, así como la producción de testimonios en el extranjero. En ese sentido, la fiscalía aguarda definiciones de Cancillería para avanzar con declaraciones en Rusia, Indonesia y Alemania. En función de ese escenario, el Ministerio Público también solicitó la continuidad de la prisión preventiva del acusado, al considerar que persisten riesgos procesales.

Entre ellos, se mencionó un intento previo de evasión en un aeropuerto y la capacidad económica del imputado, factores que podrían facilitar una eventual fuga. El magistrado hizo lugar al planteo y fijó la extensión de ambas medidas hasta el 3 de abril de 2027. En paralelo, respecto de las otras 20 personas involucradas –19 mujeres y un hombre–, se mantuvieron restricciones como la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante autoridades policiales.

La causa se originó a partir de una intervención médica en marzo de 2025, cuando personal de salud advirtió que una joven embarazada se encontraba en una situación de sometimiento. A partir de esa alerta, se desplegó una investigación que derivó en allanamientos en inmuebles vinculados al grupo, donde se detectaron indicios compatibles con explotación sexual bajo una fachada vinculada a prácticas espirituales.