Palma, 11 abr (EFE).- El PP de Baleares ha exigido este sábado al Gobierno central que asuma los costes derivados de la retirada, transporte, tratamiento y eliminación de las embarcaciones utilizadas por los inmigrantes irregulares que llegan a las islas. El grupo parlamentario popular ha registrado en el Parlament balear una proposición no de ley para reclamar al Gobierno que asuma “de modo inmediato y efectivo” los costes económicos y logísticos que la llegada de pateras está generando tanto a la comunidad autónoma como a los ayuntamientos de las islas, ha informado el PP en una nota. El portavoz del grupo popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha denunciado que Baleares atraviesa “una situación de grave crisis migratoria”, tras registrar en 2025 la llegada de 7.321 personas a bordo de 401 pateras, un 24,5 % más que el año anterior, en el ejercicio de mayor presión migratoria de la historia del archipiélago. “Estamos ante una tragedia humana que afecta a quienes se juegan la vida en el mar, pero también ante una grave irresponsabilidad de Sánchez, que está trasladando a los ayuntamientos y a la comunidad autónoma unos costes que no les corresponden”, ha dicho Sagreras sobre el presidente del Gobierno.

Sagreras ha asegurado que la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de inmigración y control de fronteras, por lo que “es el Gobierno central quien debe asumir los gastos". El portavoz popular ha criticado que, en la práctica, “son los ayuntamientos y el Govern quienes están pagando con recursos propios la limpieza de playas, la retirada de pateras y la gestión de residuos peligrosos como fibra de vidrio, aceites o baterías”. Ha puesto como ejemplos municipios como Ses Salines, Santanyí y Campos, que "tienen que destinar personal, contratar maquinaria o habilitar espacios municipales para almacenar embarcaciones que dependen del Estado”, ha añadido.

Sagreras ha alertado del impacto medioambiental y paisajístico de esta situación, con zonas de la costa que "se están convirtiendo en auténticos vertederos y desguaces incontrolados, lo que deteriora la imagen y supone un riesgo ambiental evidente”, puntos verdes municipales saturados y los depósitos de Ports de les Illes Balears acumulando decenas de embarcaciones pendientes de retirada por parte del Estado. La proposición no de ley del PP plantea tres medidas: que el Gobierno de España asuma todos los costes derivados de la gestión de las pateras; la creación de un fondo de compensación específico para ayuntamientos y administración autonómica; y la puesta en marcha de políticas migratorias “legales, ordenadas y humanas” para hacer frente a la presión creciente de la ruta argelina. Sagreras ha subrayado que “Baleares no puede seguir soportando en solitario las consecuencias de una política migratoria fallida" y ha exigido al Gobierno "responsabilidad, financiación y soluciones reales”.EFE