La tarde del 7 de marzo de 2006, la Sala Juzgadora de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires dictó la sentencia que interrumpió el segundo mandato de Aníbal Ibarra. Con diez votos a favor de la destitución, cuatro en contra y una abstención, el cuerpo legislativo consideró que el jefe de Gobierno incurrió en mal desempeño de sus funciones después del incendio en República Cromañón, ocurrido el 30 de diciembre de 2004, donde murieron 194 personas. A esa instancia, el proceso de juicio político se extendió durante meses y mantuvo en vilo a la administración porteña.

Ibarra, que había sido reelecto en 2003, se convirtió en el primer jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ser removido de su cargo mediante este mecanismo constitucional. La votación final alcanzó los dos tercios necesarios de los 15 integrantes de la Sala, marcando un precedente jurídico y político en el distrito. Dicha acusación se centró en la falta de control sobre los locales nocturnos y la desarticulación de los organismos de inspección.

A lo largo de las audiencias, se ventilaron las deficiencias administrativas que permitieron que el local de la calle Bartolomé Mitre funcionara sin las medidas de seguridad básicas. Los fiscales de la causa legislativa sostuvieron que la estructura estatal fue ineficiente para prevenir la catástrofe. Aunque, Ibarra siempre sostuvo que el juicio político tuvo un trasfondo de oportunismo partidario.

Asímismo, en sus declaraciones ante el tribunal, el ex fiscal afirmó que la tragedia fue utilizada para forzar un cambio de signo político en la ciudad. "Este juicio no busca la verdad, busca un responsable político para calmar el dolor", manifestó durante una de sus intervenciones finales ante los legisladores y familiares de las víctimas presentes en el recinto. El rol de la Sala Juzgadora y los votos clave El tribunal estuvo presidido por el titular del Tribunal Superior de Justicia porteño, Julio Maier. Allí, los legisladores que votaron por la destitución pertenecían a diversos bloques, incluyendo el compromiso para el cambio (macrismo), el socialismo y sectores de izquierda.

Es más, la abstención de la legisladora Beatriz Baltroc fue uno de los puntos más comentados de la jornada, ya que su voto podría haber cambiado el desenlace del proceso. Según se informó, la defensa de Ibarra estuvo a cargo de los abogados Julio Strassera y Raúl Zaffaroni, aunque este último renunció antes del inicio formal del juicio. Strassera, reconocido por su labor en el Juicio a las Juntas, defendió la gestión del jefe de Gobierno argumentando que no se podía responsabilizar penal ni políticamente a la máxima autoridad por la negligencia individual de inspectores o dueños de locales. "No hay una sola prueba que vincule directamente a Ibarra con una orden ilegal o una omisión deliberada", señaló Strassera en sus alegatos.

Sin embargo, el criterio de los juzgadores fue diferente, priorizando la responsabilidad política de la cúspide del organigrama municipal sobre los fallos sistémicos de la Ciudad. La presión social ejercida por los grupos de padres y sobrevivientes en las puertas de la Legislatura fue constante durante todo el proceso. El dictamen de la mayoría destacó que el jefe de Gobierno ignoró las advertencias previas de la Defensoría del Pueblo y de la Auditoría General de la Ciudad sobre el estado de los boliches.

Según el texto de la sentencia, existía un "caos administrativo" en el área de seguridad y control que facilitó la existencia de locales con certificados de bomberos vencidos y exceso de capacidad. La asunción de Jorge Telerman y el nuevo escenario Luego de la notificación oficial de la destitución, el vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman, asumió la titularidad del Poder Ejecutivo porteño. Telerman, que ya ejercía el cargo de manera interina desde que Ibarra fuera suspendido para enfrentar el juicio en noviembre de 2005, completó el mandato hasta diciembre de 2007.

Aunque el impacto de la remoción de Ibarra no se limitó a la Ciudad de Buenos Aires, sino que repercutió en la política nacional. El entonces presidente Néstor Kirchner mantuvo una distancia cautelosa durante el proceso, a pesar de que Ibarra era un aliado estratégico en el distrito. La caída del jefe de Gobierno obligó a una reconfiguración de las alianzas de centro-izquierda que dominaban el panorama porteño en aquel momento.

De todas maneras, Aníbal Ibarra intentó regresar a la función pública poco después de su destitución. En las elecciones de 2007, se presentó como candidato a legislador de la ciudad y logró obtener una banca. A pesar de la condena política que significó el juicio, la justicia penal lo sobreseyó en la causa por homicidio culposo.

La sentencia de la Sala Juzgadora no incluyó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años, una sanción que también se había solicitado durante el juicio. Al no alcanzarse los votos necesarios para esa proscripción, Ibarra quedó habilitado legalmente para competir en futuros comicios, lo que le permitió continuar su carrera política. MV